Un estudio desvela que la corrupción castiga más a los alcaldes del PP

La corrupción ni surge por generación espontánea ni es gratis para los partidos políticos. Dos estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga han analizado por una parte el impacto del sistema electoral en la corrupción y, por otra, los efectos que tiene en los resultados electorales de los municipios de Málaga.

La alumna del grado de Economía Victoria Códez ha comprobado en el trabajo de fin de carrera dirigido por las profesoras Socorro Puy y Ascensión Andina cómo la corrupción es un fenómeno que afecta casi por igual a los ayuntamientos malagueños gobernados por populares y socialistas, y de forma mucho más significativa a los regidos por independientes. También ha descubierto que el electorado castiga más al PP que al PSOE.

Para realizar esta investigación se ha apoyado en la información publicada entre 2000 y 2015 sobre concejales y alcaldes imputados y condenados por prácticas corruptas. De los 103 municipios de la provincia ha encontrado 54 casos de corrupción en 39 ayuntamientos. Es decir, en casi seis de cada 10 localidades y, lo que es más grave, en varios de ellas varias veces. La estudiante reconoce su sorpresa porque haya nueve municipios con varios casos de corrupción protagonizados por más de un partido.

El análisis también desvela que en estos 54 asuntos se han visto involucradas 115 personas: 51 alcaldes y 64 concejales. El mapa de la corrupción en Málaga es especialmente denso en la Costa y los municipios de más de 40.000 habitantes. Victoria Códez apunta dos explicaciones: el auge y la tensión inmobiliaria vividos desde 2000 en el litoral y la existencia de corporaciones más numerosas y, claro está, a más personas, más riesgos estadísticos.

Desde el punto de vista de los partidos, el PSOE se sitúa a la cabeza con 39 alcaldes y concejales imputados o condenados a lo largo de los 15 primeros años del siglo XXI, mientras que el PP suma 22 regidores y ediles. Ambas formaciones políticas suman el 53% de los cargos públicos que se han visto involucrados en investigaciones por corrupción. La estudiante subraya la significativa prevalencia que el fenómeno tiene también en la formaciones minoritarias e independientes con un 47% de cargos electos salpicados, a pesar de que gobiernan muchos menos ayuntamientos. Entre estos últimos tiene un protagonismo especial en la Costa del Sol el Grupo Independiente y Liberal (GIL).

En términos generales la corrupción tiene coste político tanto para los partidos como para los líderes envueltos en causas policiales y judiciales por estos hechos. Sin embargo, el estudio cuantitativo pone de manifiesto que el castigo es mayor para la derecha. El PP pierde votos y peso electoral en aquellos municipios donde sus alcaldes y concejales han sido objeto de investigaciones policiales y judiciales. Este retroceso lo ha tasado en un 10% de votos menos de promedio. Victoria Códez explica que este efecto puede estar relacionado con la falta de alternativas políticas. Es decir, el elector reacciona quedándose en casa. El PSOE registra una caída del 9% de los votos de media en aquellas localidades donde se ha puesto en entredicho la rectitud y honestidad de sus cargos públicos municipales, mientras que Izquierda Unida ha encajado una caída del 8%.

El comportamiento de la abstención está en relación con estos datos, puesto que en los municipios afectados por la corrupción la participación electoral en los siguientes comicios locales ha experimentado, en promedio, una caída del 9% cuando gobernaba el PP y del 2% cuando afectaba al PSOE. Uno de los aspectos más llamativos que la alumna pone de manifiesto en su estudio de fin de grado es la reacción del electorado cuando el cargo público pertenecía a Izquierda Unida. Contra todo pronóstico, en este caso la participación en las siguientes elecciones municipales ha subido un 4% de media.

En cualquier caso, la ciudadanía en términos generales penaliza tanto al partido como al político corrupto o sospechoso de corrupción. En 40 de los 54 casos, el partido se ha vuelto a presentar en las siguientes elecciones locales -muchas formaciones independientes desaparecen- y en el 75% de las ocasiones han perdido votos. El revés electoral para el político se mueve en términos similares, porque de los 51 alcaldes de 39 municipios que se han visto envueltos en procedimientos de esta naturaleza y que han vuelto a presentarse a las elecciones, el 73% han registrado pérdida de votos.

Victoria Códez, que ha analizado el impacto electoral de la corrupción no solo cuando hay condenas sino también cuando hay causas judiciales abiertas al margen de su resultado final, solo ha detectado cuatro casos en los que cargos electos afectados por la corrupción han ganado votos y se localizan en Alhaurín el Grande, Arenas, Benamocarra y Sedella.

¿Por qué? La estudiante acude a las conclusiones expuestas por los investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) Nicholas Charron y Andreas Bagenholm en el trabajo Ideología, sistema de partidos y el voto de la corrupción en Europa, donde apuntan que el elector beneficiado por las prácticas corruptas reacciona apoyando a las formaciones cuestionadas.

Mientras Victoria Códez Guerra ha centrado su trabajo de fin de grado en el efecto de la corrupción en las elecciones municipales en la provincia de Málaga, el estudiante Diego Malo ha analizado en su proyecto de fin de carrera si los diferentes sistemas electorales influyen o no en la corrupción. Para realizar la investigación se ha centrado en 25 países: 12 de la Unión Europea, cuatro de América Latina, además de Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Turquía, Israel e India. De esta forma, la muestra ha incluido sistemas proporcionales (la representación es proporcional al número de votos obtenidos en la circunscripción) y mayoritarios (gana en cada circunscripción el que obtiene más votos), de listas abiertas (el elector tiene la opción de mostrar su preferencia por uno u otro candidato) y cerradas (el elector vota una lista predeterminada por el partido).

El trabajo, realizado bajo la dirección del profesor de Económicas Pablo Amorós, ha utilizado el indicador de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2014. La principal conclusión del estudio reside en que la percepción de la corrupción no depende tanto de si el país tiene un sistema electoral mayoritario o proporcional, como de si funciona con listas abiertas o cerradas.

En este sentido, de los 25 países analizados la mejor posición la ostentan aquellos cuyos electores pueden decidir a qué candidatos votar. Dinamarca encabeza el ranking de menor corrupción en la actividad pública. Le siguen Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Países Bajos, Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido, Japón, Irlanda EEUU, Chile y Francia. En todos estos casos se trata de países que operan con listas abiertas.

En el bloque de países cuyos sistemas funcionan con listas electorales cerradas, el mejor posicionado es Uruguay, si bien con un índice equiparable al de Irlanda, que ocupa la décimo segunda posición en la clasificación de listas abiertas. Detrás aparecen en este orden Portugal, España, Israel, Turquía, Italia y Argentina.

La diferencia entre unos países y otros es muy significativa. Por ejemplo, España está 30 puntos por detrás de Dinamarca, con un índice de percepción de la corrupción comparable a Portugal e Israel y a nueve puntos de distancia de Francia. La diferencia entre Dinamarca y Uruguay, que lideran uno y otro bloque, es casi de 20 puntos a favor del país nórdico.

El estudiante del grado de Economía de Málaga Diego Malo reconoce que estos resultados le han sorprendido porque las investigaciones previas apuntaban diferencias entre los sistemas mayoritarios y proporcionales que en su estudio, sin embargo, no han resultado muy significativas. Su análisis pone de manifiesto que la diferencia reside en el modelo de listas electorales. Desde su punto de vista las candidaturas abiertas generan menos corrupción porque los vínculos entre votante y candidato son tan fuertes que desincentivan el abuso de poder. En cambio, los candidatos de listas cerradas no relacionan de la misma manera su gestión y el comportamiento del electorado, sobre todo cuando saben que su futuro político no tiene tanto que ver con su actividad pública, como de la posición que ocuparán en la candidatura que elabore su partido. "Esto origina incentivos a abusar del poder y llevar a cabo actuaciones ilícitas".

Diego Malo llega a otra conclusión no menos inquietante relacionada con el criterio de elaboración de las candidaturas cerradas. Las formaciones políticas tienen la posibilidad de elegir entre la lealtad y la preparación al elaborar sus listas cerradas. Indica que los dirigentes orgánicos "se las ingenian para incluir el mayor número de candidatos leales, que son los más valorados por el partido , en detrimento de aquellos candidatos que se consideran expertos y pueden ayudar a la elaboración de las políticas". Entiende que este mecanismo puede "acabar generando mayor corrupción" que los sistemas que operan por la fórmula de las candidaturas abiertas.