El diputado Lucena fracasa en su ataque a la jueza Aurora Santos

El diputado de Servicios Intermunicipales y alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PP) ha perdido otra batalla judicial, emprendida a través de los servicios jurídicos de la Diputación, esta vez en el Tribunal Supremo y contra la magistrada de la Audiencia de Málaga Aurora Santos. El Alto Tribunal le impone el pago de las costas procesales.

Lucena, condenado en abril a seis meses de prisión, un año de suspensión de cargo público y multa por injurias, calumnias, desobediencia y malversación, ha perdido la guerra que emprendió en mayo de 2013 contra la magistrada que poco antes había formado parte del tribunal que, en apelación, le denegó al Ayuntamiento de Benamocarra la acusación popular en un procedimiento contra los ex delegados de Educación, José Nieto y Antonio Escámez. La causa había comenzado, precisamente, a consecuencia de una denuncia interpuesta por Lucena porque consideraba irregular el nombramiento del director del instituto del pueblo.

El auto de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga que impedía al Ayuntamiento de Benamocarra ejercer la acción popular en aquel procedimiento lo firmaron el 7 de febrero de 2013 los magistrados Rafael Linares, Diego Enrique Bueno y Aurora Santos, que fue la ponente. El fallo contrario a las pretensiones del diputado provincial provocó que elevara una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -órgano de Gobierno de los jueces- contra la magistrada Santos. Argumentaba que la jueza había sido delegada en Málaga de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2008, coincidiendo durante seis años en ese equipo con el delegado de Educación José Nieto. Entendía, por tanto, que la magistrada debió abstenerse y no formar parte de ese tribunal porque existía "amistad íntima" entre ambos y exigía que se adoptaran medidas disciplinarias y se anulara la resolución.

El CGPJ abrió una investigación que la comisión disciplinaria acabó archivando al estimar que la queja de Lucena carecía "de entidad" porque la magistrada, durante su época como delegada de Justicia, no participó "ni directa ni indirectamente" en el nombramiento del director del instituto La Maroma.

El 27 de noviembre del año pasado el Servicio Provincial de Asistencia a los Municipios de la Diputación de Málaga interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que pedía que se anulara el archivo del expediente y se reabriera el procedimiento.

Abdeslam Lucena insistió ayer en la anormalidad de que la magistrada formara parte de este tribunal para resolver un recurso que lo apartaba del procedimiento y que de facto significó su muerte, porque poco después el juzgado archivó el procedimiento abierto tras su denuncia por el nombramiento del director.

La Diputación, a través del servicio de asistencia a municipio, ha asumido los gastos derivados de la asistencia jurídica de Abdeslam Lucena en esta causa judicial "porque no se trata de hechos ocurridos en mi vida privada y actividad privada, sino en el transcurso de mi actividad pública, como alcalde de Benamocarra". En todo caso, afirma que si finalmente los tribunales no le dan la razón y pierde "pagaré de mi bolsillo" las minutas de los letrados.

Lucena mantiene desde 2008 una batalla campal contra el director del instituto La Maroma de Benamocarra y ex concejal socialista, Manuel Ruiz Cazorla. Después que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía lo pusiera al frente del centro colocó, con cargo a las arcas municipales, dos vallas en las que afirmaba que ese nombramiento era un caso de enchufismo.

A partir de ahí se han sucedido las denuncias cruzadas. Dentro de este pulso, el diputado popular responsable de Servicios Intermunicipales ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por injurias, calumnias, desobediencia y malversación. Lucena indicó ayer que también ha promovido una denuncia contra esta jueza porque en su momento formó parte del tribunal de la Audiencia que vio otro de sus recursos.