La principal acusada del caso de exterminio de casi 3.000 animales en las instalaciones de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, será juzgada finalmente por los presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental. El juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos da por terminada la fase de investigación más de cuatro años después desde que la Guardia Civil destapó el caso, que queda a la espera de que se fije la fecha de juicio.

El auto dictado por el juez con fecha de 17 de diciembre del año pasado, y al que ha tenido acceso este periódico, supone el último paso de la instrucción, por el que se ordena que se dé traslado a las partes para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral contra los dos imputados. Carmen Marín, por tres presuntos delitos, y a un ex trabajador de Parque Animal y mano derecha de aquella, al que se le imputan los supuestos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional.

El juez mantiene el sobreseimiento del presunto delito de denuncia falsa, que también le imputaba el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que ya se archivó hace dos años. Pero sí imputa a la ex directora de Parque Animal el delito de falsedad documental, tal y como había solicitado el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y a cuyo recurso también se había adherido el ministerio fiscal.

La imputación se produce tras la declaración que Carmen Marín realizó ante el juez el pasado 12 de diciembre, junto a los tres veterinarios a los que ésta supuestamente falsificó la firma para justificar el sacrificio de animales en las instalaciones de Parque Animal y por lo que luego recibía subvenciones por parte del Ayuntamiento que preside Pedro Fernández Montes (PP). Los tres coincidieron en que no habían firmado listado alguno.

En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos razona su decisión de imputarle este delito en que la directora de la Protectora reconoció en esa declaración "de forma expresa haberlos alterado", así como que era su letra cuando plasmaba la palabra veterinario, lo que implica que "aparecen indicios de una forma de proceder habitual y mecánica".

Es decir, el juez añade que "si la imputada reconoce abiertamente que, cuando presentaba los documentos privados ante el Ayuntamiento para comunicar el listado de animales sacrificados, alteraba y complementaba los datos que fueran necesarios utilizando su puño y letra, es lógico pensar que también lo hacía en relación a las certificaciones documentos oficiales en los que se autorizaban duchas eutanasias por los veterinarios".

En cambio, considera que no se puede imputar este delito a dos de los veterinarios también acusados porque "no existen elementos de prueba suficientes".

Carmen Marín está también imputada por los presuntos delitos de intrusismo profesional y maltrato animal continuado por la muerte de 2.865 perros y gatos en apenas dos años. La Sección Octava de la Audiencia Provincial ya confirmó el año pasado la imputación por maltrato e intrusismo al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada.

El juez mantiene en su auto lo mismo que ya dictó en su momento y y es que la directora de Parque Animal "ha realizado sacrificios masivos e injustificados en dicho centro, con la ayuda directa y material de otro trabajador y que ambos han suministrado medicamentos eutanásicos a los animales en pequeñas dosis produciéndoles sufrimientos innecesarios e injustificables hasta su muerte".

Asimismo, se hacía constar en el auto que ambos son autores de un delito de intrusismo profesional debido a que ninguno de los dos tenía testaba autorizado para inyectar Dolethal y sacrificar a los animales dado que el propio Colegio de Veterinarios de Málaga certificó que carecían de titulación de veterinario. Un informe certificó que se sacrificaron supuestamente un 250% más de perros y gatos de los que permite la ley.