Educación no ve indicios de 'bullying' en el caso de la menor ingresada con anorexia: "Es indignante", dice la familia

La comisión de convivencia del instituto de Villanueva del Trabuco donde se investigan tres denuncias por supuesto bullying a alumnado de 2º de ESO -uno de ellos, discapacitado- ha decidido el cierre de uno de los protocolos de acoso escolar mientras que los otros dos continúan activos. La decisión del órgano colegiado derivado del consejo escolar y con representación del claustro, alumnado y familias, ha sido adoptada tras el "análisis de la documentación y los testimonios recabados". La medida se justifica al considerar "que no concurren indicios suficientes" de que la menor hubiera sufrido esta forma de maltrato psicológico, verbal, físico, social y/o virtual, según han explicado a este periódico desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga.

Al respecto, la administración ha trasladado su confianza “absoluta” en la actuación del equipo directivo, de la comisión de convivencia y del Servicio de Inspección Educativa, ofreciendo además "recursos complementarios para reforzar la convivencia" en el instituto. La actuación se dio a conoce ayer en una reunión mantenida entre Educación y la dirección de dos centros educativos, para analizar "la situación generada" tras la presentación, la pasada semana, de tres denuncias ante la Guardia Civil por parte de familias afectadas. Una de ellas, madre de un menor con un 65% de discapacidad y Trastorno del Espectro Autista (TEA), al que, supuestamente, tomaron fotos íntimas en el baño del centro y, después, difundieron con stickers a través de grupos de Whatsapp.

En el encuentro de este lunes para abordar el asunto participaron el delegado territorial, Miguel Briones; el jefe del Servicio de Inspección, José Andrés Alonso Lopera; la jefa del Servicio de Ordenación Educativa, Aurora Díaz; la inspectora de referencia del centro y su antecesor, así como las direcciones de ambos centros educativos.

La Delegación precisa en un comunicado difundido que, en los tres casos denunciados, los protocolos de actuación por acoso escolar ya se encontraban activados con anterioridad a la interposición de las denuncias por parte de las familias. Según la administración, la colaboración del centro con la Guardia Civil ha sido “absoluta”, y apostilla que, incluso "en algún caso" ha informado de los hechos "con carácter previo a la denuncia".

El caso de la menor a la que calificaban de "gorda"

El protocolo cerrado corresponde al caso de una alumna de 13 años cuya familia denunció recientemente ante la Fiscalía de Menores un presunto acoso escolar continuado que, según su relato, se habría prolongado durante al menos cuatro años y habría desembocado en un grave trastorno de la conducta alimentaria. La adolescente permanece ingresada desde el pasado 15 de diciembre en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) del Hospital Civil de Málaga, donde recibe tratamiento especializado por anorexia.

Tal y como ya publicó este periódico la semana pasada, la denuncia fue interpuesta en diciembre y se acompañó de diversa documentación, entre ella audios de conversaciones mantenidas con los presuntos agresores a través de mensajería instantánea, informes médicos y psicológicos, así como un diario personal redactado por la menor.

De acuerdo con el testimonio de la madre, los episodios de acoso se habrían iniciado en la etapa de Primaria y se prolongaron tras el paso de la menor a 1º de ESO. Los presuntos autores serían dos alumnos que, según la familia, ya habrían protagonizado episodios similares con otros estudiantes. Los insultos reiterados sobre el físico de la niña, especialmente calificativos como “gorda” o “fofa”, habrían sido constantes. “Ella pensaba que, si perdía peso, dejaría de oír tantos insultos, pero seguían y seguían”, relató la madre.

La familia sostiene que la menor desarrolló una profunda distorsión de su imagen corporal y una pérdida progresiva de autoestima, iniciando una bajada severa de peso al considerar que así cesarían los ataques, algo que, según indicaban en una entrevista con este periódico, no ocurrió. El equipo médico decidió su ingreso hospitalario ante el deterioro de su estado físico y psicológico.

¿Qué más pruebas quieren?

Tras conocerse el cierre del protocolo, la familia ha expresado su indignación por la decisión adoptada por la comisión de convivencia del centro. “Nos han cerrado el protocolo de mi hija como no acoso. Tienen las pruebas. Es indignante cómo pueden cerrarlo con pruebas de audio, informe psicológico y testimonios de sus compañeros. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Un certificado de defunción de mi hija?”, sentencia la madre de la menor.

Asimismo, lamenta que el cierre del protocolo les impida, por el momento, justificar un traslado de centro por esta causa y consideran que la decisión supone un respaldo a los presuntos acosadores. “Esto no se va a quedar así”, concluyen.

Desde la Delegación Territorial recuerdan que la presentación de denuncias abre una vía judicial independiente del procedimiento educativo y reiteran la necesidad de respetar la intimidad de los menores implicados, tanto de las presuntas víctimas como de los supuestos agresores.