Educación sancionó a los presuntos acosadores de un menor discapacitado en Villanueva del Trabuco

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga aplicó una "sanción disciplinaria" a dos alumnos por acosar, presuntamente, a otro estudiante de un instituto de Villanueva del Trabuco. El menor tiene 14 años, un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia. La dirección del centro educativo, que asegura haber adoptado también "medidas de convivencia y de protección" para el afectado, consideraba entonces que los hechos eran un "episodio aislado". Estas actuaciones, según el organismo, fueron "debidamente comunicadas" a la familia del adolescente.

Tras las vacaciones de Navidad, la víctima continuó sufriendo acoso. Los responsables constataron "nuevas conductas contra el alumno". Según la información recabada por el Servicio de Inspección Educativa, el pasado 8 de enero se activó el protocolo específico de acoso escolar, que contempla, entre otras actuaciones, la celebración de reuniones con las familias de los estudiantes implicados "con el fin de recabar y aportar información". Como resultado de este proceso, el centro educativo asegura haber adoptado las "medidas cautelares correspondientes" a fin de asegurar la integridad del adolescente.

Como resultado de este proceso, el instituto aplicó medidas cautelares dirigidas a garantizar la "integridad" del alumno, y continúa desarrollando todas las fases del procedimiento conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, según informaron a este periódico ayer fuentes de la Delegación de Educación.

La madre del menor, tras conocer la supuesta existencia de fotografías íntimas y stickers de su hijo colocados en los baños del instituto, acudió esta semana a presentar una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto y continuado caso de acoso escolar. El Instituto Armado confirmó a Málaga Hoy que una investigación en curso para esclarecer los hechos y ya ha solicitado y recibido por parte del equipo directivo toda la información relativa al caso.

En su declaración, la progenitora afirmó que su hijo habría sido víctima de bullying desde el curso pasado. Subrayaba que había tenido conocimiento de que en los aseos del centro educativo habían colocado stickers del adolescente y que venían difundiéndose imágenes íntimas suyas a través de Whatsapp desde junio de 2025. La familia considera que se trata de una vulneración grave de los derechos y de la intimidad del adolescente.

La familia sostiene que no tuvo conocimiento del acoso que sufría su hijo hasta diciembre de 2025, cuando la progenitora, que trabaja como monitora del autobús escolar del instituto, escuchó comentarios de otros alumnos sobre la supuesta expulsión de unos estudiantes por lo ocurrido con el menor, extremo que, según su testimonio, desconocía por completo hasta ese momento.

Con esta información, la familia acudió al centro educativo el 7 de enero para alertar a la dirección y solicitar formalmente la activación del protocolo contra el acoso escolar. Según la versión recogida en la denuncia, la Guardia Civil les habría indicado posteriormente que dicho protocolo no constaba como abierto ni registrado en la plataforma de Educación, extremo que desde el centro se habría justificado por una “carga de trabajo”.

La denuncia recoge también que, en los últimos meses, la madre había observado un cambio significativo en el comportamiento del menor, con episodios de mayor agresividad y ansiedad, que inicialmente atribuyó a su condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, señala que poco antes de las vacaciones de Navidad, la hermana melliza del adolescente le comunicó que un psicólogo del instituto la había sacado del aula para preguntarle por el estado de su hermano, sin que, según la familia, se informara previamente a los progenitores. Según la madre, el centro habría minimizado los hechos, llegando a calificarse como “cosas de niños”.

Mientras tanto, la Delegación de Educación insiste en que el centro educativo continúa avanzando en el cumplimiento de todos los pasos previstos en el protocolo de actuación ante supuestos de acoso escolar, en coordinación con la Inspección Educativa y con las autoridades competentes.