La apuesta inversora de las administraciones públicas en la provincia de Málaga, lejos de ir en aumento, disminuye. El último informe de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), correspondiente a 2019, confirma una caída del 21% en el valor de las obras licitadas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Diputación.

En términos absolutos, la asignación realizada por todas estas instituciones a nuevas infraestructuras, así como a conservación y mantenimiento, ha sido de 256,98 millones de euros, casi la mitad del umbral de 500 millones que los empresarios consideran como "razonable" para responder a las necesidades del territorio malagueño.

Esta cuantía contrasta con los 327,3 millones de 2018 y los 353,8 millones de 2017. Estos números, según el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, colocan a Málaga "a la cola de inversión pública en Andalucía". Muestra de ello es que la media es de 159 euros por habitante lejos de los 232,4 de Almería; de los 230 de Jaén, o de los 212,7 de Córdoba. En términos absolutos, el territorio andaluz más beneficiado es Sevilla, con 382,2 millones. Para Rosillo, el "muy mal dato” que tiene Málaga "resta competitividad" a la provincia.

En relación a esta comparativa, la secretaria general del colectivo, Violeta Aragón, sí ha subrayado que frente a la tendencia al alza que tiene el resto de territorios de la región en los últimos tres años, en Málaga la tendencia es contraria, observándose una caída acusada.

El reparto por administraciones deja a las corporaciones locales como las que más esfuerzo han hecho en términos absolutos, con 120,58 millones. Y a pesar de ello, esta cifra es un 41% menor que el ejercicio anterior. Desde la ACP han destacado que los ayuntamientos parecen optar ahora por entrar en año electoral no con obras a iniciar sino ya terminadas. "No quieren ir a elecciones con obras abiertas sino con proyectos ya ejecutados que se pueden poner en valor por el votante", ha insistido el representante de la ACP. Le siguen la Junta, con 95,38 millones (un 8,4% más) y el Gobierno central, con 41 millones (16,3% más).

Otra de las cuestiones que viene siendo objeto de queja de las empresas desde hace años es la relativa a las adjudicaciones y a las bajas económicas en las mismas. De acuerdo con el análisis del 41% de contrataciones realizadas el año pasado, la baja media ha sido de 20%. Al respecto, Rosillo ha insistido en la necesidad de "potenciar la calidad" de las ofertas, algo que no se refleja en los pliegos de condiciones. "Priman los criterios económicos hasta el límite, adjudicando en muchas ocasiones a precios que no son reales y que ocasionan problemas y encarecimientos posteriores", ha expuesto.

De acuerdo con el estudio realizado por el colectivo empresarial, son las administraciones locales las que optan principalmente (en más de la mitad de los casos) por empresas locales para el desarrollo de los trabajos, mientras que el Gobierno apenas lo hace para el 6,3%.

De otro lado, la patronal malagueña ha informado de que en 2019 "se ha enfrentado" a las administraciones públicas en 25 ocasiones tras detectar "cláusulas que restringían la competencia", reclamando a los licitadores más requisitos de los que legalmente se deberían establecer "o ante cláusulas que entendían como abusivas". Uno de los recursos afecta a la instalación de la pasarela peatonal sobre el Guadalhorce.