El entrenador de kárate investigado por agresiones sexuales a menores en Torremolinos seguirá en prisión ante el riesgo de que reincida

El tribunal ve también necesaria la medida para "asegurar el buen éxito de la instrucción" e "impedir" que el arrestado "trate de influir en las víctimas"

Detenido un entrenador de kárate por presuntos abusos sexuales a varios menores en Torremolinos

Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos.
Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos. / Policía Nacional

El entrenador de kárate y ex seleccionador nacional junior Lorenzo Marín, que fue detenido por presuntas agresiones sexuales continuadas a al menos cuatro alumnos cuando tenían entre 6 y 15 años, continuará en la cárcel. La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza que pesaba sobre el investigado al "temer" el tribunal que "de quedar en libertad pueda volver a realizar este tipo de conductas".

Otra de las razones que esgrime para considerar "necesaria la prisión" es "asegurar el buen éxito de la instrucción e impedir" que el arrestado "trate de influir en las víctimas" durante el proceso judicial. El magistrado, así, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado contra el auto dictado el pasado 9 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos. En ese escrito argumentaba que había tratado con menores "desde hace más de 20 años sin que jamás haya existido queja, reclamaciones o expediente disciplinario frente a él". Al tiempo, manifestaba que actualmente está jubilado "por lo que no tiene contacto con los alumnos ya que el club de kárate lo regenta su hijo".

El recurso solicitaba la revocación de la medida y la puesta en libertad del investigado, alegando que no existían riesgos de fuga ni de destrucción de pruebas, ni tampoco necesidad de prisión para evitar una reiteración delictiva. La defensa argumentó que las pruebas se limitan a declaraciones de antiguos alumnos, sin datos precisos sobre fechas ni lugares. Para la Audiencia de Málaga, sin embargo, el asunto investigado es de "suficiente gravedad" como para intuir "el riesgo de fuga" y tratar de "eludir el cumplimiento de una pena".

El caso fue destapado una vez que la madre de uno de los cuatro denunciantes contactó con la Asociación Redime de Málaga, especializada en la atención a personas que han sufrido abusos en su infancia y adolescencia. Los jóvenes, que ahora tienen edades que oscilan entre los 20 y los 25 años, se habían decidido a denunciar, por lo que la entidad, a través de su abogada, María del Carmen Heredia, alertó a la Policía Nacional.

Supuestos abusos en concentraciones y entrenamientos

La Sala considera que concurren los requisitos legales y constitucionales para mantener la prisión preventiva. En el auto se recoge la existencia de indicios racionales de criminalidad basados en las declaraciones de las presuntas víctimas prestadas tanto en sede policial como ante la autoridad judicial. Los magistrados señalan que los testimonios son “contundentes” y “sin contradicciones”, y que las víctimas detallaron los lugares y circunstancias de los supuestos abusos, ocurridos durante concentraciones y entrenamientos previos a campeonatos de kárate.

El tribunal destaca que los relatos son coherentes entre sí y coinciden en que los hechos se habrían producido cuando los menores tenían entre 6 y 15 años. Según la resolución, los abusos se habrían prolongado en el tiempo y se habrían cometido aprovechando la relación de autoridad y confianza del entrenador sobre sus alumnos.

Además, el auto menciona informes de la Fundación Márgenes y Vínculos, elaborados dentro del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucía, en los que se considera “creíble” el relato de uno de los menores. También consta la comparecencia de los padres ante la Fiscalía, quienes en su momento decidieron no denunciar para evitar perjuicios a su hijo, aunque dejaron constancia de que consideraban veraz su testimonio.

La Audiencia entiende que los hechos investigados podrían ser constitutivos de cuatro delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años. La gravedad de los delitos y las posibles penas implicadas refuerzan, a juicio del tribunal, el riesgo de fuga.

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