Un informe elaborado por la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional (UDEV-UDEF) a petición del juzgado responsable del caso Villas del Arenal deja constancia del cambio de criterio aplicado por el el bautizado equipo B de la Gerencia de Urbanismo en el análisis de parte de los expedientes abiertos por obras irregulares. El grupo policial señala la existencia de 39 supuestos concretos en los que se rebaja de manera significativa el valor de las obras materializadas respecto a las tasaciones efectuadas por el equipo anterior con un desfase de apenas meses.

A modo de ejemplo, se recoge una actuación que el 7 de noviembre de 2014 fue valorada por los técnicos de Urbanismo en 87.153,97 euros, suma que fue reducida a 45.502,13 euros por el equipo B el 11 de marzo de 2015. Esto supone una diferencia de casi el 48%. Otro caso es el de otra intervención que tasada inicialmente, también en noviembre de 2014, en 40.234,09 euros, para, en el segundo informe, cuantificarse en 19.639,49 euros, casi un 52% menos. Porcentualmente, el caso más llamativo es el una obra cuyo valor "en venta" cae un 94% de un equipo a otro.

En términos absolutos, el valor asignado por el primero de los equipos de Urbanismo encargado de analizar los expedientes de Villas del Arenal, con Teresa Domingo al frente del área de Disciplina, ascendió a unos 905.000. La aplicación de los nuevos criterios por parte del equipo B para estos mismos 39 expedientes hizo que la cuantía cayese hasta los 315.000. Es decir, un 65% menos.

Los redactores del informe policial ponen de relieve el hecho de que los informes en los que se minora la valoración son emitidos entre el 24 de febrero de 2015 y el 6 de agosto de ese mismo año (salvo uno de ellos), "fechas en los que los expedientes de Intelhorce-Villas del Arenal fueron apartados para su tramitación por el Servicio Jurídico Administrativo de Inspección y Conservación (20 enero 2015 y 27 abril 2016)".

Fuentes de la defensa en este caso, en el que permanecen en calidad de investigados el ya ex concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el aún gerente de Urbanismo, José Cardador, han justificado esta importante diferencia de valores en el primero informe "aplicaba un criterio incorrecto que se corrigió no solo para Villas del Arenal sino para todo el término municipal, justo por esa falta de proporcionalidad".

Sobre ello, precisaron que el criterio general del departamento dirigido por Teresa Domingo, junto a Esther Sedano, como jefa del Servicio Jurídico Administrativo, y Alberto Íñiguez, como jefe Servicio Técnico, "los denunciantes", era que, "con independencia de que se la construcción u obra ilegal fuera una nueva planta, un porche o una pérgola, el valor de las obras era el mismo". Una regla que cambia con la llegada de Leonor Muñoz, que introduce como principal "novedad" la aplicación de un coeficiente ponderador.

La interpretación en el seno del principal grupo de la oposición, el PSOE, es bien distinta. Para el portavoz socialista, Daniel Pérez, el informe de la Unidad de Delitos Económisco y Financieros de la Policía Nacional "deja en evidencia que era cierto todo lo que denunciaba el PSOE, que había información sesgada y manipulada" y que "existe una presunta mala fe para ocultar información; estamos ante delito de extrema gravedad, como puede ser la falsedad documental o la estafa procesal".

"El equipo B ahora sí que podemos asegurar, sin riesgo a equivocarnos, que trabajó al dictado del PP para hacer prescribir e incluso minorar en hasta un 95% sanciones marcadas de manera taxativa por la LOUA", ha añadido Pérez, quien ha apostillado que con estos datos debería procederse al cese inmediato del concejal y gerente. "Hablaremos con nuestro equipo jurídico para ampliar los posibles delitos, que recordemos se estaban investigando por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad, incluyendo la estafa procesal al concluirse en este informe la existencia de información sesgada en diferentes procedimientos”, ha apuntado.