Dos espejos para mirarseDos espejos para mirarseDos espejos para mirarse

El escenario que se abre en el medio plazo ante la negativa del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a pagar los 64 millones de euros que le exige la Junta de Andalucía por su parte del Metro (estipulado en el convenio firmaron en abril de 2003) es cuanto menos azaroso. La Consejería de Fomento, tal y como confirmó ayer su delegado provincial, Manuel García, remitirá en los próximos días a la Casona del Parque las certificaciones de obra a la que tiene que hacer frente el Consistorio, cuyos actuales gestores reiteran que no pagarán lo que ya dan por pagado.

¿Qué puede suceder en el supuesto en que la fricción se mantenga y el Ayuntamiento se cierre en banda? Una de las opciones, la ideal, es que las dos partes acaben por acercar posiciones y firmen una addenda al acuerdo de hace una década por la que se sustituyan al menos 32 de los millones por obras de movilidad sostenible, en la línea de lo que se pactó en Sevilla años atrás.

El escollo en este punto es qué se entienden por actuaciones de movilidad sostenible y si en este paquete se incluyen las ya ejecutadas o han de ser de nuevo cuño. Fomento parece apostar por esta segunda vía, lo que choca, en principio, con el planteamiento del equipo de gobierno del PP.

La senda se embarra si esta alternativa se hace añicos. Porque en ese supuesto, para nada descartable, lo que queda por delante es un choque que previsiblemente tendría que dirimirse en la vía judicial. Eso es justamente lo que ha ocurrido en Granada, donde la Administración regional también ejecuta en este momento un Metro. Como ocurre en Málaga, el Ayuntamiento granadino también dijo no a las facturas que les ponía delante el Gobierno andaluz. Y como la parte municipal no cumplía con su aportación, la Junta decidió activar su cobro mediante una retención mensual de 155.511 euros de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que gestiona Hacienda de la Administración regional. Una solución que no se descarta en Málaga.

La decisión fue recurrida en los tribunales por el gobierno local, que se topó con el aval que Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio a las tesis autonómicas. No obstante, en un escenario de clara discrepancia, las dos partes han acabado por acortar las distancias y este mismo año han concretado rubricar una addenda dando más flexibilidad de pago al Consistorio granadino y fijando actuaciones que serán abonadas también con cargo al dinero del ferrocarril urbano.

Es el caso de una línea de alta capacidad de autobús, por plataforma reservada, cuyo coste alcanza los 8 millones de euros, así como carriles bicis urbanos. Pero el de la ciudad de la Alhambra no es el espejo en el que quiere reflejarse De la Torre cuando reivindica un trato justo. Sus menciones tienen como objetivo directo lo ocurrido en Sevilla, donde años la Consejería de Obras Públicas firmó un acuerdo para que los algo más de 17 millones de euros que tenía que aportar al suburbano sirviesen para otras mejoras en la urbe.

En Sevilla lo que hizo el entonces presidente de la Junta Manuel Chaves fue dar luz verde a esta compensación para actuaciones de adecuación de tráfico, la mayoría de ellas en marcha en ese momento. Con ello se avaló que Sevilla hiciese con su parte del Metro la ampliación de la red de carriles bici (con la terminación de los 77 kilómetros proyectados para unir los barrios de la ciudad), el bulevar de Bellavista (con unos seis millones de presupuesto) y la mejora de la rotonda de la ronda de Padre Pío y de la rotonda de la Avenida del Deporte.

Esto es justamente lo que quiere el alcalde para Málaga, incluir en el paquete el bulevar sobre el soterramiento del AVE y la compra de autobuses de la EMT. Pero lo hace sobre la base de que no existe documento alguno sobre el que sustentar la existencia de un acuerdo previo. Sí existen acuerdos verbales por parte de al menos dos de las anteriores consejeras del ramo, Rosa Aguilar (que llegó a plantear que el Ayuntamiento destinase su parte del Metro a la obra del bulevar) y Josefina Cruz, que se abrieron a la posibilidad de condonar esta aportación. A pesar de ello, Fomento entiende que es necesario renegociar la cuestión.

La madeja en Málaga, como ocurrió en Sevilla, se complicaría aún más si al regidor le diese por seguir los pasos de su homólogo hispalense y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, quien se negó incluso a se le cobrase lo que no se le demandó a su antecesor, Alfredo Sánchez Monteseirín, por la puesta en funcionamiento del Metro. El conflicto es tal que Zoido acudió a los tribunales, que por el momento le dan la razón e impiden a Fomento retenerle dinero de la Participación de Ingresos del Estado hasta que no haya una sentencia definitiva. ¿Seguirá De la Torre esta misma senda?