Un estafador absuelto al prescribir el delito mientras estaba en la cárcel
Estuvo cuatro años desaparecido hasta que el tribunal descubrió que estaba en prisión
La Audiencia de Málaga ha absuelto a un agente inmobiliario acusado de estafa porque el delito prescribió mientras el imputado se encontraba en la cárcel. El 31 de mayo de 2007 se ordenó a la Policía Nacional que investigara el paradero de Vicente Sánchez Madrid, sin embargo no fue puesto a disposición judicial hasta el 31 de octubre de 2011, o sea cuatro años después, tras "averiguarse que se encontraba cumpliendo condena".
Los procedimientos judiciales por este tipo de delitos considerados menos graves caducan a los tres años, mientras que en este caso la causa estuvo paralizada cuatro años, hasta que el tribunal comprobó que en realidad el acusado no estaba huido, sino cumpliendo condena.
La sentencia considera probado que el agente inmobiliario en su condición de apoderado de la firma Grupo S. M. vendió el 5 de febrero de 2003 a un ciudadano extranjero una finca de secano. El comprador le entregó 7.500 euros a la firma de aquel contrato privado, pero cuando con posterioridad intentó contactar con él para abonarle el resto del precio, la finca ya había sido vendida a otras personas por su verdadero propietario.
El tribunal hace constar en su resolución que el acusado ha consignado y abonado a la víctima los 7.500 euros que le entregó.
Otra singularidad de esta sentencia es que Vicente Sánchez Madrid se mostró conforme con los hechos que le atribuía la Fiscalía, así como con la pena que le solicitaba de un año de prisión y una indemnización de 3.000 euros para el estafado. Sin embargo, su hermano, que participó en aquella venta en calidad de asesor jurídico, alegó como cuestión previa que el delito había prescrito al permanecer la causa paralizada durante más de tres años por circunstancias que no eran atribuibles a los acusados. El tribunal ha atendido este argumento y ha absuelto a ambos.
Vicente Sánchez Madrid fue condenado también en 2005 por estafa a inversores extranjeros. En junio de aquel año la Audiencia le impuso dos años de prisión y ocho meses de multa a razón de 20 euros diarios por apropiare de algo más de 126.000 euros que le había entregado una pareja británica para comprar la finca Los Ventorros, en Comares. Sin embargo, de esa cantidad los dueños de la afinca sólo recibieron 6.000 euros y el resto se lo quedó el acusado. Cuando se dictó esta resolución hacía sólo unos meses que otro tribunal le había impuesto un año de cárcel también por una estafa similar.
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