Investigan si el ex marido de Lucía Garrido fingió la venta de una finca para eludir la indemnización a la familia

La Fiscalía Provincial de Málaga ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Decano contra Manuel Alonso, condenado como cooperador del asesinato de su ex mujer, Lucía Garrido, en Alhaurín de la Torre, para esclarecer si ha incurrido en un presunto delito de alzamiento de bienes. El Ministerio Público sostiene que simuló la venta de la finca Los Naranjos, donde ambos residían junto a su hija cuando estaban casados, para eludir el pago de los 550.000 euros en concepto de indemnización a los familiares de la víctima.

Alonso fue condenado en noviembre de 2023 a 24 años de prisión como cooperador necesario del crimen, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2024. Aunque el fallo no es firme, el autor debía hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas del asesinato.

Según la investigación, en marzo de este año vendió casi el 50% de la finca, su principal activo patrimonial, conservando solo un 10%. La operación se formalizó ante notario fijando un precio de más de 1000.000 euros, cifra que, según la Fiscalía, está muy por debajo del valor real de mercado y no se corresponde con las edificaciones, instalaciones ni con las expectativas urbanísticas de la parcela.

El supuesto comprador no realizó ningún pago efectivo, ya que el precio de la compraventa equivalía sólo al importe de los embargos que gravaban la finca, que fueron levantados con esa cantidad económica. La Fiscalía considera que la operación tuvo como único objetivo “colocar a Alonso nuevamente en situación de insolvencia” para dificultar el cobro de la indemnización por parte de la familia de Lucía Garrido.

La investigación policial apunta a que el ex marido de la víctima y la persona que, hipotéticamente iba a adquirir el inmueble, mantenían desde 2021 una “fluida relación de confianza”, gestionando conjuntamente un cultivo en la finca Los Naranjos y en un invernadero anexo. Sin embargo, el supuesto comprador carecía de capacidad económica para afrontar la operación. Su facturación total en cuatro años apenas superó los 200.000 euros, que resultarían insuficientes para asumir el pago del precio de la finca o el levantamiento de los embargos.

Además, según la Guardia Civil, numerosos gastos asociados a la finca, como suministros y tributos municipales, estaban domiciliados en la cuenta de esta persona sin que existiera una justificación lógica, reforzando así la tesis de que Alonso controlaba la explotación.

Los agentes también han constatado que era el condenado por el asesinato de Lucía Garrido quien publicitaba los cultivos y manejaba perfiles en redes sociales vinculados a esta actividad, pese a figurar oficialmente como jornalero con ingresos medios de 830 euros mensuales.

No es la primera vez que el procesado aparece implicado en maniobras para supuestamente ocultar su patrimonio. Ya en 2020 se le condenó junto a su esposa por un delito de insolvencia punible tras simular la venta de la misma finca en 2011 para eludir el pago de pensiones alimenticias. Al agotarse los seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía ha optado por solicitar al juzgado de instrucción la apertura de diligencias previas para determinar si la operación inmobiliaria constituye un delito de alzamiento de bienes.

"Lo más grave es el uso que ha hecho de su libertad"

Fuentes próximas al caso explicaron que "lo más llamativo es el uso que el acusado ha hecho de su libertad provisional", además de la gravedad de los delitos imputados por cooperador necesario del asesinato de su ex mujer. El procesado tiene además pendiente otro juicio por un doble homicidio y una sentencia firme por alzamiento de bienes, además de una condena por trafico de drogas. "En lugar de ajustarse al espíritu de la prisión como medida cautelar, concebida para asegurar el proceso y evitar perjuicios a terceros, la habría aprovechado según la Fiscalía para llevar a cabo presuntos actos que repercuten directamente en la reparación de las víctimas: declarar insolvencia tras vender su finca y dificultar así el cumplimiento de la indemnización impuesta". Las mismas fuentes abogan por "reforzar ciertas medidas y blindar mejor la confianza ciudadana en la justicia, en especial con delincuentes reincidentes, evitarían investigaciones y procesos innecesarios como se están dando en este caso".