Expedientan a una residencia de El Palo por dejar a los ancianos hasta la madrugada en el salón tras averiarse el ascensor
La Junta ve una posible "infracción grave" al considerar que se pudo "vulnerar la dignidad y generar situaciones de riesgo para la integridad de las personas residentes”
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La Junta de Andalucía ha abierto un expediente con una propuesta de sanción contra una residencia de ancianos privada ubicada en El Palo, en Málaga capital, después de que varios residentes tuvieran que dormir hasta la madrugada en el salón del centro tras una avería en el ascensor que les impedía desplazarse hasta sus dormitorios. La actuación se ha iniciado tras la denuncia presentada ante la Policía Nacional por un trabajador, que estuvo a cargo de los ancianos la noche en que se produjo el incidente, ocurrido en septiembre. La inspectora que acudió para verificar los hechos ha concluido que la residencia pudo cometer una “infracción grave”, dado que los hechos podrían haber “vulnerado la dignidad y generado situaciones de riesgo para la integridad de las personas residentes”, según fuentes próximas al caso.
Fue el pasado día 2 cuando la Viceconsejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de la denuncia, en la que un gerocultor, también llamado auxiliar de geriatría, aseguraba que, al comenzar su jornada laboral el 27 de septiembre, a las 23:00, su compañera le indicó que 11 de los 22 ancianos que tienen plaza en la residencia “estaban acostados en el salón” tras averiarse el ascensor a las 19:00. El resto sí habían podido ser ubicados en sus cuartos. Le explicó que el elevador del edificio, que tiene tres plantas, se había averiado y que “no pudo subirlos”. Según su versión, el dueño les había pedido que “los dejara en el salón y les echase una mantita”.
El trabajador que denunció los hechos relata, en declaraciones a este periódico, que llamó a la compañía del seguro para interesarse por el fallo y que le advirtieron que la cobertura “cubría los arreglos hasta las 18:00” y que el cliente, para solventar la incidencia, debería abonar en ese caso “191 euros más”. Debido a las “condiciones en las que se encontraban los ancianos”, recostados “en sillones”, decidió llamar a la Policía Nacional. “Unos de los abuelos estaban dormidos, otros desorientados; algunos pensaban que era de día”, describe. Los agentes consiguieron “arreglar momentáneamente” el elevador y fue entonces cuando pudo “acostarlos en sus camas”. Eran las 2 de la madrugada.
Bajar por las escaleras “uno a uno” a los ancianos era inviable, resalta el auxiliar. “Cuando yo entro a las 11 de la noche estoy sólo con todos. Antes, mis compañeros habían podido bajar a los que pueden andar, aunque con ayuda. A otro residente sí lo llevé yo por las escaleras de la calle hasta su habitación, pero los que tienen la marcha inestable no podían. Uno de ellos, con una parálisis”, remacha.
La misma tarde en que la Consejería tuvo conocimiento de la denuncia, se ordenó una inspección extraordinaria. En la actuación, los ancianos entrevistados confirmaron que el técnico no pudo reparar el ascensor por falta de piezas y que el servicio no se restableció hasta las 2 de la madrugada. Recordaron, además, que los que tenían movilidad reducida no podían llegar hasta sus habitaciones.
La inspectora que se personó en la residencia, que ya había sido objeto de investigación la semana anterior, recogió que, si bien el ascensor tenía la revisión reglamentaria (OCA) en vigor, la gestión de lo sucedido pudo “vulnerar la dignidad y generar situaciones de riesgo para la integridad de las personas residentes”.
La Junta considera que los hechos podrían constituir una posible “infracción grave” y propone una sanción administrativa que se resolverá siguiendo los trámites legales. Con ello se abre un procedimiento en el que la empresa titular podrá presentar alegaciones antes de dictarse una resolución definitiva.
El dueño de la residencia niega las acusaciones: "No hemos cometido ningún delito"
El dueño, por su parte, sostiene que la denuncia ha sido presentada por un empleado que trabaja en el centro desde “hace siete meses” y al que describe como una persona “problemática”. Defiende que la residencia funciona “desde hace más de 20 años, sin incidentes” y que los familiares están “contentos” con la atención que reciben los usuarios. “El técnico vino, comprobó que hacían falta dos piezas y no las encontró esa noche. Por seguridad tuvo que desconectar el ascensor”, asevera.
Según su testimonio, el trabajador que denunció “llamó a la Policía, que conectó el ascensor”. Los residentes “se acuestan normalmente entre las 8 y media y las 9, y ese día lo hicieron sobre la 1:30”. Argumenta que él mismo permaneció “hasta que se bajaron a todos los residentes”, y que “en el salón habían dormido cinco o seis personas”.
Sólo había, precisa el responsable del centro residencial, “cuatro residentes que necesitaban ayuda para bajar, uno o dos en silla de ruedas”, y que “entre los tres trabajadores del turno podrían haberlos bajado por las escaleras”. El ascensor, recalca, quedó reparado “a las ocho de la mañana del día siguiente”, una vez se consiguieron las piezas necesarias. “No hemos cometido ningún delito”, sentencia.
Tiene previsto ejecutar medidas contra el auxiliar, al que acusa de haber “enviado a las familias imágenes de los ancianos” en el salón. “Eso no se puede hacer. Vamos a proceder judicialmente contra él”, concluye el propietario, que defiende que “este tipo de incidencias pueden ocurrir en cualquier sitio” y que “la residencia está llena y con los familiares satisfechos”.
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