La falta de sitio para inmigrantes obliga a usar un polideportivo como albergue

La llegada la semana pasada de más de 400 personas en varias pateras puso a prueba la logística y la solidaridad de Málaga. Ayuntamiento, Policía Nacional, Cruz Roja, otras ONG y abogados de oficio dieron respuesta a un desafío humanitario, pero la ciudad se quedó sin sitio para acoger a tantos inmigrantes. La situación obligó ayer a habilitar como albergue improvisado el polideportivo municipal de Tiro de Pichón donde los inmigrantes habían permanecido bajo custodia policial las 72 horas que la ley fija como máximo para identificarlos, iniciar su expulsión o - si ésta no es posible- ponerlos en libertad. Ayer por la tarde, transcurrido ese plazo, los agentes se retiraron y los inmigrantes quedaron libres.

Pero el Ayuntamiento, de acuerdo con Cruz Roja, tuvo que prolongar el uso del polideportivo -ya como albergue, sin custodia policial-para acogerlos mientras las ONG les ayudan a seguir su camino, dado que la mayoría van hacia otras ciudades de España o de Europa.

"El uso del polideportivo se prolonga al menos un día el uso. Se quedan casi 180 personas", informó la directora de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia. Aunque ya en otras ocasiones se han utilizado instalaciones municipales para alojar a los inmigrantes durante las 72 horas que dura su identificación y custodia policial, es la primera vez que debe habilitarse un polideportivo más allá de ese tiempo para garantizarles un sitio donde permanecer y dormir.

La responsable municipal explicó que la decisión de prolongar el uso del pabellón de Tiro de Pichón se tomó porque el Albergue Municipal, el Centro de Baja Exigencia, los pisos de Cruz Roja, los de CEAR y los hostales estaban completos.

"La llegada de pateras comenzó a incrementarse en octubre, pero se ha disparado con el buen tiempo. No hemos tenido nada parecido nunca. Estamos poniendo todas las plazas que tenemos y más. Los municipios afrontamos esta situación humanitaria en solitario", afirmó. Sarabia reclamó más apoyo a las administraciones autonómica y central y un plan ordenado para dar respuesta a la crisis migratoria.

El Ayuntamiento baraja ya adecuar casetas de la Feria, bajos de alguna construcción del Instituto Municipal de la Vivienda o un colegio en Carranque para tener una instalación permanente en la que dar respuesta a estos flujos migratorios, sin tener que improvisar contrarreloj un albergue, como ha ocurrido en esta ocasión.

Sarabia explicó que el alojamiento se complicó porque la semana pasada llegó una patera con 91 inmigrantes y cuando estos estaban saliendo hacia sus destinos, arribaron los 315 rescatados por Salvamento Marítimo el sábado pasado. Los menores fueron asumidos por la Junta de Andalucía y las mujeres con hijos, por las organizaciones humanitarias. El resto -varones adultos- quedaron en el pabellón de Tiro de Pichón. Trabajadores y voluntarios de ONG trabajan sin descanso durante estos días para atender a los inmigrantes. Policías han doblado turnos y han venido desde otros municipios para responder a esta situación humanitaria.

Y también los abogados han puesto su esfuerzo para darles asistencia jurídica. Unos 40 letrados del turno de oficio se han entrevistado con ellos informarles de sus derechos y detectar casos -como homosexuales, albinos o mujeres víctimas de trata, entre otros- susceptibles de acogerse al asilo. El responsable de Extranjería del Colegio de Abogados, Álvaro García España, destacó el trabajo de los letrados para dar respuesta a esta situación humanitaria.

Policías, abogados, ONG y Ayuntamiento coincidieron en que la amplísima mayoría de los inmigrantes se irán de Málaga. Su destino final es Madrid, Barcelona o ciudades de Alemania y Francia donde tienen lazos familiares. Tanto el Consistorio como las organizaciones humanitarias les ayudarán a costearse el traslado hacia esos sitios. En lo que va de año, han llegado al puerto de Málaga casi 1.500 inmigrantes. Resulta especialmente llamativo el caso de los menores no acompañados cuya cifra se ha quintuplicado desde 2012 hasta el año pasado, según una respuesta del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia.