Los inversores cataríes que están tras el proyecto de construcción del hotel de 150 metros de altura en el puerto de Málaga vuelven a dar la cara. En esta ocasión ante el Puerto de Málaga. El encuentro que mantuvieron el pasado viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y el abogado Ramón Calderón, quien supuestamente representa los intereses de la familia real catarí en esta actuación, apenas sirvió para confirmar que se mantiene la apuesta por la iniciativa.

"Fue una reunión de cortesía que apenas se alargó unos diez minutos", explicaron a este periódico fuentes próximas a la misma, en la que, señalaron, "no se abordó ningún tema sustancial". Lo que sí permitió la visita fue confirmar la presencia del fondo soberano catarí en la operación hotelera, habiendo decidido dar el paso al frente al observar el avance del trámite urbanístico.

La reunión con el Puerto tuvo lugar mes y medio después de que Calderón, acompañado por el arquitecto José Seguí, se encontrase con el alcalde, Francisco de la Torre, en el Ayuntamiento. Rubio, al ser preguntado de manera directa por el encuentro, lo confirmó pero restó importancia al mismo. "El inversor crea una sociedad para concursar y llevar a cabo todas las operaciones pero el inversor es el mismo", indicó, a lo que añadió: "seguimos trabajando con Andalusian Hospitality II, que es la empresa que ha presentado todos los avales y como todo es correcto y todas las garantías y todo lo que se les ha exigido es correcto, no tenemos inquietud, más allá de que se resuelva todo el trámite urbanístico".

Y es justamente en ese punto en el que, como insistió el presidente portuario, se encuentra el trámite. Un paso clave que debe permitir asignar un techo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados en unos terrenos que tienen reconocidos en la actualidad apenas 6.000. Esta circunstancia obliga a realizar una modificación de elementos del actual Plan del Puerto, que fue aprobada inicialmente en junio de 2018. 17 meses después de aquel hito administrativo, el procedimiento sigue pendiente de que la Gerencia de Urbanismo responda a las alegaciones formuladas por colectivos ciudadanos e instituciones.

La previsión manejada por la Gerencia de Urbanismo es que esto pueda ocurrir antes de final de año, con lo que se abriría la puerta a la aprobación provisional del ajuste urbanístico. Desde el momento en que se cerró el periodo de información pública al que fue sometido este expediente transcurren ya unos ocho meses. Queda la duda de lo que finalmente hará Urbanismo con las alegaciones relativas a la viabilidad económica del proyecto hotelero, por cuanto el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, apuntó la posibilidad de que sea el propio Puerto el que las conteste. Sea como fuere, por el momento tal petición no se ha producido.

Incluso superada la cuestión urbanística, el proyecto hotelero necesitará del informe favorable del Consejo de Ministros, órgano al que compete levantar la prohibición de desarrollar este uso urbanístico en terrenos portuarios. En caso negativo, la operación se vendría abajo, por no contar con la base legal necesaria.