El Gobierno aprueba equiparar a García Caparrós a las víctimas del terrorismo: "Mi hermano ya tiene todos sus derechos"

Las hermanas de Manuel José García Caparrós no pueden ocultar su alegría después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la reforma de la ley que permitirá equiparar al joven malagueño, muerto en 1977 por un disparo de la Policía Armada durante la manifestación por la autonomía andaluza, con las víctimas del terrorismo. Formalmente no se le otorga tal categoría nominal, pero en la práctica la reparación del Estado será idéntica, porque se reconoce que el joven perdió la vida defendiendo y reivindicando la democracia. Por eso la familia está satisfecha: "Mi hermano es ya una víctima de primera, con todos sus derechos".

Así, lo que ha hecho este martes el Consejo de Ministros es aprobar un real decreto por el que se reforma la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en "defensa y reivindicación de la democracia", equiparando las indemnizaciones a las de las víctimas del terrorismo. Aquí encajaría el caso de García Caparrós. "Nos sentimos orgullosas de haberlo conseguido", subraya Loli García Caparrós, quien en declaraciones a este periódico no puede evitar acordarse de sus padres, que fallecieron poco después de su hermano, y del difícil camino que ellas, que entonces eran unas niñas, han tenido que recorrer.

El Gobierno ha enmendado así el duro golpe que supuso para la familia de García Caparrós recibir la semana pasada una carta de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en la que se rechazaba conceder al joven malagueño esa condición por, según justificaba, no tener "encaje" en la ley. "El Estado tiene que asumir su responsabilidad histórica en este asesinato", insistieron entonces las hermanas, que además reprocharon al Ejecutivo que hubiese tardado veinte años en responder a su petición. Por eso, Loli comenta que es una "victoria tardada". Aún así, reitera, emocionada, que están "muy contentas".

En concreto, dicho real decreto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos Democráticos". La iniciativa, elevada al Consejo de Ministros por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también establece que a los supervivientes se les actualice a los 180.000 euros en el caso de que sufran "incapacidad permanente absoluta" y a los 500.000 euros en el caso de "gran invalidez".

Ahora, confían en que el Congreso dé luz verde al real decreto del Consejo de Ministros para que dicho reconocimiento sea con todas las de la ley. Una vez que este trámite se produzca y que la reforma se publique en el Boletín Oficial del Estado, la familia de García Caparrós tendrá derecho a recibir esas indemnizaciones, aunque las hermanas insisten en que lo importante es que su hermano "ya es víctima de primera, como debe ser". "Él nunca ha sido de segunda", apostilla Loli.

La reforma se justifica en las "deficiencias" que presenta tanto la Ley 20/2022 como la derogada Ley 52/2007 en aspectos como el marco temporal, se amplía hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, lo que supone un año más, pues antes se reducía a las personas que perdieron la vida en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. En este sentido, Joaquín Recio, vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós, destaca las hermanas del malagueño han abierto la puerta para el reconocimiento de otras víctimas. Valora, además, que lo aprobado por el Consejo de Ministros supone "aceptar la violencia policial" en esa etapa de la Transición.