El Gobierno creará una comisión técnica para la reconstrucción de los caminos rurales en Málaga

El Gobierno creará una comisión técnica para abordar la reconstrucción de los caminos rurales en la provincia de Málaga tras los temporales sufridos en las últimas fechas en la provincia, ha anunciado el subdelegado del Ejecutivo central en Málaga, Javier Salas. Así lo ha señalado Salas en una reunión mantenida este jueves con alcaldes y alcaldesas de la provincia y con la Diputación provincial, en la que también les ha informado sobre el Plan de Actuación del Gobierno de España para la reconstrucción en Málaga, que está dotado con 7.000 millones de euros en total.

Además de la Subdelegación del Gobierno, la comisión técnica estará formada por la Junta de Andalucía, la Diputación, que representará a los ayuntamientos, y Tragsa, empresa pública del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se encargará de los trabajos con un presupuesto global de 600 millones de euros incluido en el Real Decreto ley aprobado por el Gobierno de España para la reconstrucción en Andalucía y Extremadura.

Esta comisión técnica se encargará de coordinar entre las distintas administraciones qué actuaciones desarrolla Tragsa, que dispone de un presupuesto de 600 millones de euros para ejecutar las obras necesarias de reparación en caminos rurales, y qué actuaciones desarrolla la Junta de Andalucía. El subdelegado ha destacado "la importancia de este plan puesto en marcha por el Ejecutivo gracias a la implicación directa de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que va a servir para la reconstrucción de la provincia de Málaga", tras el tren de borrascas y su efecto "tan devastador" en general.

Salas ha subrayado "que el Gobierno de España está con los municipios de la provincia de Málaga que cuentan con un paquete de medidas completo para la vuelta a la normalidad". También se ha referido a las ayudas a personas y a empresas, para lo que se establecerán dos oficinas en la provincia "para atender a las personas y a cualquiera que necesite ayuda", que se establecerán en Benaoján y en Casares, en este caso en concreto en el barrio de El Secadero, y otra que se instalará en la Subdelegación del Gobierno con personal propio.

Salas ha precisado que "después de Cádiz, una de las provincias más afectadas ha sido Málaga, con lo cual de esos 7.000 millones de euros un montante importante vendrá a la provincia" y ha incidido en que las ayudas se materializarán "en cuanto sea posible", para lo que se están articulando de manera que "muchas sean de forma directa y rápida". "Queremos que se agilice cuanto antes, queremos que las ayudas lleguen cuanto antes a las personas, cuanto antes a los municipios y cuanto antes a las empresas", ha asegurado el subdelegado, quien ha señalado que aún se están recopilando los datos de los daños para poder cuantificarlos.

En cuanto a las medidas para los ayuntamientos recogidas en Real Decreto-ley de Medidas para paliar los efectos del tren de borrascas, destaca un fondo de 2.000 millones para los ayuntamientos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Se permitirá que los ayuntamientos y comunidades autónomas utilicen el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante inversiones financieramente sostenibles.

También recoge ayudas a los ayuntamientos para actuaciones imprescindibles para las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y medidas para la recuperación de cauces públicos, depuración, playas y zonas costeras; así como la flexibilización de la regla de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas en las partidas presupuestarias que se destinen a paliar los efectos de las inundaciones para que no computen en las reglas fiscales. Asimismo, un Plan de Empleo por 50 millones para los ayuntamientos afectados por el temporal y un anticipo y financiación del 100% de la ayuda de emergencia, previa petición del Ayuntamiento.

El subdelegado del Gobierno ha detallado durante la reunión que "este plan también contempla que el Gobierno de España asumirá el coste de las exenciones y reducciones de impuestos aprobados para los afectados para que las entidades locales no tengan merma en sus ingresos, y que son exención a los afectados del pago del IBI y del IBI rústico, así como reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas". A la reunión han asistido alcaldes y alcaldesas, miembros de las corporaciones locales y técnicos de 30 ayuntamientos, en concreto Alcaucín, Alfarnate, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Archidona, Ardales, Benalauría, Benalmádena, Benamargosa, Benaoján, El Borge, Cartajima, Casares, Coín, Colmenar, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cútar, Fuengirola, Fuente de Piedra, gaucín, Humilladero, Istán, Jubrique, Macharaviaya, Mijas, Mollina, Montecorto, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Salares, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torremolinos, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario, Yunquera; así como la Diputación.