El hostelero carga contra la ley, pero prohibirá fumar por imperativo legal

José Eugenio Arias-Camisón, propietario del Asador Guadalmina, y protagonista en las últimas semanas por haberse rebelado contra la ley antitabaco, prohibirá fumar en su establecimiento "por imperativo legal" después de que ayer fuese levantado el cierre cautelar de su establecimiento. La Junta de Andalucía, a través de la inspección de Sanidad, dio el visto bueno a la reapertura del establecimiento una vez se constató la retirada de los carteles "que incitaban a fumar" y de "esas armas de destrucción masiva llamadas ceniceros", dijo con no poca ironía el propietario del restaurante.

Arropado por todos sus trabajadores, y con un tono más moderado aunque igual de crítico que en anteriores comparecencias, Arias-Camisón anunció que emprenderá acciones legales contra la norma estatal que prohíbe fumar en lugares cerrados y contra "la desproporcionada actuación" acometida por el Gobierno andaluz, que el jueves de la semana pasada clausuró el local por la negativa del empresario a acatar la ley.

De hecho, ha contratado como abogado a José Antonio Choclán, del bufete Choclán-Montalvo, que lleva a varios de los acusados en Malaya y al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Arias-Camisón, el primer empresario hostelero español que rechazó públicamente la ley antitabaco tras su entrada en vigor el 2 de enero, anunció que el restaurante abrirá de nuevo sus puertas el próximo 10 de marzo, una vez que los trabajadores vuelvan de unas vacaciones "más que merecidas".

Hasta entonces, seguirá dando que hablar en Madrid y en Salamanca. En la capital española, encabezará una manifestación convocada ante la puerta del Ministerio del Interior, el día 21 de febrero, contra la citada ley. En Salamanca, continuará con la campaña de recogida de firmas contra esta normativa, iniciativa en la que ya ha registrado unas 100.000 rúbricas, según aclaró (anteriormente se había informado de 150.000 firmas).

Con independencia de la reapertura del restaurante, el expediente administrativo de la Delegación provincial de Salud por una falta muy grave, al obviar de manera reiterada el requerimiento de la autoridad sanitaria, con una propuesta de sanción de 145.000 euros, sigue su curso. De hecho, el dueño del restaurante ya ha presentado alegaciones.