Municipal

Los hosteleros exigen la nulidad del plan antirruido diseñado por el Ayuntamiento

  • Mahos advierte de que las ZAS representan "un freno al desarrollo y a la creación de puestos de trabajo"

Imagen de una de las asambleas de los hosteleros en protesta contra las ZAS.

Imagen de una de las asambleas de los hosteleros en protesta contra las ZAS. / Javier Albiñana

Si hay algo en lo que parecen estar plenamente de acuerdo los vecinos del Centro histórico y los empresarios hosteleros de Málaga capital es en su rechazo casi total al plan con el que el Ayuntamiento pretende frenar el exceso de ruido en buena parte del casco antiguo y algunas calles de El Romeral. La reacción negativa ante la declaración de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado octubre, acaba de recibir una respuesta contundentemente negativa por parte de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos.

El informe de alegaciones emitido al documento, al que se pueden formular sugerencias hasta el día de mañana, viene a tachar de arriba abajo el contenido de la iniciativa impulsada por el equipo de gobierno del PP y que toma en consideración la necesidad de adoptar medidas en 98 calles del Centro y varias vías del distrito de Teatinos.

"La continuidad del proceso de declaración de las ZAS es inviable salvo que se tome una resolución injusta e indebida", sostiene el colectivo en un resumen remitido a los medios de comunicación, en el que viene a reclamar al Ejecutivo local que "declare nulo todo el procedimiento dejando sin efecto la aprobación inicial y la propuesta previa en tanto se realicen los procedimientos técnicos y jurídicos adecuados".

Conforme al punto de vista de los hosteleros, el plan antirruido municipal, objeto de varios años de negociación con los actores implicados, nace viciado desde la base. Sobre ello, la organización empresarial exige que antes de poder abrir esa puerta de intervención debe realizarse una zonificación previa con el fin de determinar si las zonas afectadas tienen un uso de suelo predominantemente turístico o residencial (ello varía los límites máximos de ruido permitidos) o que se emita un estudio jurídico sobre el impacto del decreto emitido por la Junta de Andalucía sobre las actividades de ocio. En este apartado, también se alude a la "nulidad" del procedimiento por la falta de traslado del informe consultivo de la Junta.

En su informe de alegaciones, los hosteleros hablan también de que se ha incumplido la Ordenanza para la Prevención y Control de Ruidos municipal a la hora de declarar como ZAS determinadas zonas incorporadas, al tiempo que se llama la atención sobre el hecho de que haya una treintena de calles "que no han sido sometidas a estudio y, sin embargo, han sido incluidas en el ZAS". Otra de las cuestiones que pone de relieve Mahos es que la aplicación de esta medida "imposibilitará la apertura o instalación de terrazas y veladores".

Mahos dice que las ZAS "imposibilitará la apertura o instalación de terrazas y veladores"

Y como ya hiciera el colectivo meses atrás, insiste en advertir de las consecuencias que el desarrollo de este plan tendría para el empleo del sector. De manera precisa se habla de que "supondrá la pérdida de 4.000 puestos de trabajo". En este sentido, el presidente de Mahos, Javier Frutos, ha lamentado que la "única medida que se pretende adoptar sea contra la hostelería", en alusión a la aplicación de una moratoria a la concesión de licencias para nuevos establecimientos en las calles afectadas.

"Esta medida representa un freno al desarrollo, a la creación de puestos de trabajo, a la conversión y a la mejora de calidad de esos empleos de carácter temporal que aún existen tras la crisis soportada y superada con esfuerzo en el sector", ha afirmado Frutos, quien ha aludido también a la “pérdida de confianza” que generará en los inversores "ante la inestabilidad jurídica actual".

Cabe recordar que la posición de rechazo de los hosteleros a la acción municipal se viene extendiendo desde hace meses. Muestra de ello fue la amenaza de protagonizar un cierre patronal coincidiendo con el día del encendido de las luces de Navidad. Finalmente, el colectivo dio marcha atrás tras asumir el compromiso del equipo de gobierno del PP de impulsar nuevas mediciones de ruido y estudiar la viabilidad jurídica de modificar la consideración del Centro como un espacio turístico en lugar de residencial.

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