Los hoteleros exigen al Estado derogar la normativa sobre el registro de viajeros

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha exigido este lunes al Gobierno central derogar el decreto por el que se aprobó el nuevo sistema de registro de viajeros en España, al considerar que “atenta contra el derecho de la UE y la normativa relativa a la protección de datos”, o crear una orden ministerial para especificar las obligaciones de las empresas de alojamiento, plataformas on line y alquiler de vehículos.

Así lo ha destacado el colectivo en un comunicado, que representa al sector del alojamiento turístico en España, incluyendo a hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts, balnearios y otras modalidades a través de 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales.

El Ministerio del Interior activó en noviembre de 2024 el registro de hospedaje y alquiler de vehículos, recogido en el Real Decreto 933/2021, como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La CEHAT ha mostrado su rechazo al registro, ya que “obliga a establecimientos y plataformas a recopilar y transmitir determinados datos de viajeros a las autoridades competentes, lo que ha suscitado una especial preocupación en el sector”.

Esta oposición la justifica en “las dudas sobre la legalidad en la recogida, la custodia y la transmisión de los datos y por considerar que incumple las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y la protección de datos”, por lo que la CEHAT solicita al Ministerio del Interior "una orden ministerial urgente o la derogación de la norma".

El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha denunciado que “llevamos ya demasiado tiempo esperando que el Ministerio del Interior atienda las peticiones del sector turístico español, que escuche a los representantes europeos y que no se generen problemas que provoquen rechazo y aumenten los procesos administrativos a quienes siempre han mostrado su sincera actitud de colaboración”.

“Es necesario que el Ministerio del Interior se vuelva a sentar con los representantes sectoriales para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma”.

Asociaciones turísticas europeas

La CEHAT ha explicado que las autoridades europeas han mostrado en los últimos años “una creciente preocupación” en las reuniones mantenidas con las asociaciones turísticas que representan al sector ante la Comisión Europea (CE) y el Parlamento, así como ha criticado que la medida ha generado problemas para los turoperadores, las agencias de viajes y las pequeñas y medianas empresas, que “se ven ante el dilema de si cumplir la legislación nacional o la europea”.

Asimismo, ha apuntado que recientemente la Comisión Europea ha respondido, por medio del subdirector general de Justicia y Consumidores, en una carta en la que deja claro que “cualquier recolección de datos debe cumplir con la Directiva (UE) 2016/680, norma sobre el tratamiento de datos personales para fines de seguridad”.

Piden una orden ministerial

La CEHAT ha detallado sobre la Comisión Europea que ésta ha mantenido un diálogo activo con las autoridades españolas y concluye que “la definición exacta del alcance de las obligaciones para empresas de alojamiento, plataformas on line y compañías de rent-a-car no está definida en el Real Decreto y será especificada en la orden ministerial en la que se está trabajando”, estando a la espera de recibir el documento definitivo.

Por ello, CEHAT ha manifestado su convicción de que el Real Decreto “atenta contra el derecho de la UE y la normativa relativa a la protección de datos”, al tiempo que ha recordado el compromiso del Ministerio del Interior para elaborar la orden ministerial antes de la entrada en vigor del Real Decreto en noviembre de 2024 y posteriormente en enero de 2025, y que según ha lamentado “no se ha cumplido”.

Además, ha considerado “necesaria con toda urgencia la recuperación del sentido común plasmado en una norma sencilla, proporcionada, ajustada a derecho y que permita cumplir los objetivos de mantenimiento e incremento de la seguridad en España”.