Jueces de Málaga triplican su carga de trabajo: "No pueden resolver cada uno 3.500 causas; estamos al borde del colapso"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lanzaba hace unas semanas su particular SOS en su memoria correspondiente a 2024. En el documento, que diseccionaba y ponía números al tapón de asuntos en el territorio, el presidente del órgano, Lorenzo Jesús del Río, subrayaba lo perentorio de contratar más jueces y habilitar más juzgados. La planta judicial de Málaga no escapa de ese embrollo. El elevado número de causas, muy por encima de la media estipulada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), afecta a todas las órdenes jurisdiccionales de la provincia en mayor o menor grado. Y de ahí el llamamiento de la jueza decana, Cristina Hurtado de Mendoza, para salvar una justicia que, entiende, “colapsada”. “Todos los juzgados superan en exceso los límites. Algunos los triplican”, apostilló a este periódico.

La complejidad de los casos registrados en la Costa del Sol tampoco lo pone fácil. “Esta zona genera muchísimo trabajo. No es lo mismo un hurto que una instrucción por un delito de trata o droga”, enfatiza.

Los procedimientos atendidos por los juzgados de Primera Instancia, que dirimen conflictos civiles sin cargo delictivo, están significativamente saturados. El año pasado atendieron 3.500 asuntos, pese a que el indicador referencial es de 1.600 por juzgado y año. “Un juez no puede resolver 3.500 causas. Algunas, muy complejas, necesitan un tiempo y estudio. Esto es incompatible con un servicio eficaz; no se puede permitir trabajar en esas condiciones”, recalcó la representante de los jueces.

También las cifras que arrojan los tribunales de lo Social en Málaga revelan el colapso que soportan estos juzgados, con 17.815 asuntos ingresados, una media de 1.272 para cada uno de ellos –excluyendo ejecutorias– lo que supera el límite, de 800, establecido por el Consejo General. La jurisdicción social es, con todo, la segunda más congestionada.

"La situación de los juzgados es penosa"

Los juicios señalados con fechas a largo plazo forman también parte de esta demoledora radiografía sobre la justicia malagueña, al margen de los avances conseguidos con la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. “Muchos quedan vistos para sentencia y no aparecen en agenda, pero es trabajo que hay que hacer, que se suma a las sentencias, ejecuciones y autos”, alerta la jueza decana, con un mensaje tajante: “La situación de los juzgados es penosa”.

Menos sobrecargados están los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que recibieron 6.712 asuntos, esto es, 1.678 por cada órgano, similar a los 1.600 que aconseja el Consejo. Pero la portavoz de los jueces denuncia el “colapso” que supondrá que estos juzgados asuman todos los delitos sexuales tras la aprobación de la ley de eficiencia organizativa. “Van a aumentar exponencialmente su carga de trabajo”, sentencia.

En lo Penal, la carga de trabajo, con 6.945 asuntos nuevos en 2024 (esto es, 400 por cada uno), se sitúa también “por encima” de los límites, aunque también se alejan de los números alcanzados por los de Primera Instancia.

Málaga ocupaba el ejercicio pasado el pódium de litigiosidad en Andalucía. En España tampoco los datos son halagüeños si se comparan con los de Europa. “La tasa de jueces por habitantes es ínfima y no nos dan los medios para que la justicia sea ágil”, remacha la portavoz de los magistrados, que insisten en que se sienten agotados de “pedir” que se les “trate como al resto de poderes”.

Mientras el número de pleitos crece, la judicatura reclama también atención urgente. La jueza Hurtado de Mendoza cifra en unos 80 los magistrados necesarios para desatascar los procesos bloqueados. “Es imposible que un juez pueda trabajar más”, recalcó.

Hace unos días, jueces y fiscales colgaron las togas durante tres días en señal de protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia. “Necesitamos que el poder judicial esté fuerte para que nadie pueda abusar”, argumentó la decana, que recuerda que se han “enjuiciado “casos de corrupción de todos los colores políticos”. “Al juez le da igual de dónde venga el acusado o su ideología”, defiende.