La Junta autoriza la licitación de un centro de internamiento de menores infractores en Málaga
El Consejo de Gobierno aprueba destinar casi 23 millones de euros a este servicio
El atasco en los juzgados de Málaga lleva a fijar un juicio en 2029: "Eso ya no es justicia"
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido este martes, ha dado su autorización a un gasto de casi 23 millones de euros para que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública saque a licitación la gestión de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en Málaga.
Desde el Gobierno andaluz han apuntado que la licitación es para prestar este servicio entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2029, con posibilidad de prorrogar el contrato un año más.
La Junta de Andalucía tiene las competencias para garantizar la ejecución de las medidas que establecen los juzgados de menores, tanto privativas de libertad como de medio abierto, según han recordado en un comunicado.
Actualmente, Andalucía cuenta con 13 CIMI, dotados con 701 plazas en total, para el cumplimiento de las medidas de internamiento, todos ellos gestionados a través de contratos administrativos con entidades especializadas en la reeducación y reinserción social de los menores infractores. Málaga es la única provincia que carece de un centro de estas características, tal y como han recordado desde la Junta, por lo que los menores de la provincia que tiene que cumplir medidas judiciales de internamiento se deben desplazar a los CIMI más próximos a su domicilio.
Según han precisado el Gobierno regional, este centro de internamiento en Málaga contará con 50 plazas para la reeducación de jóvenes que cumplen medidas judiciales, de las que 23 serían plazas masculinas, 15 femeninas y 12 de internamiento terepéutico. El importe de licitación previsto es de 22.981.067,35 euros (IVA incluido).
La entidad adjudicataria deberá contar con instalaciones adecuadas dichas plazas, así como disponer de los medios materiales y humanos para llevar a cabo el programa de reeducación de los menores infractores mientras cumplen las medidas judiciales. Por ello, la Consejería de Justicia sacará a licitación la contratación de un CIMI en Málaga por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
El proyecto fracasado en Jarazmín
No es la primera vez que se inician los trámites para abrir en Málaga un centro de internamiento de menores infractores, sin que el proyecto haya llegado a culminarse. El último intento fue el de instalarlo en una residencia de mayores sin uso del barrio de Jarazmín. A finales del pasado mes de septiembre la empresa promotora, Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con sede en Murcia, desistió de seguir adelante con el procedimiento tras, meses atrás, acordar la Gerencia Municipal de Urbanismo archivar el expediente de la actuación extraordinaria en suelo rústico y, además, encontrarse con que hasta doce asociaciones de vecinos, colectivos y personas a título particular del distrito Este presentaron escritos en contra.
Antes, en el año 2023, la Consejería de Justicia lanzó otro concurso con un presupuesto de unos 8,5 millones de euros para empresas interesadas en poner en marcha un CIMI en la provincia y que, finalmente, fue declarado desierto.
La provincia de Málaga no posee ningún centro de estas características en estos momentos, después de que el 1 de abril de 2021 la Junta echase el cierre al Centro de Menores San Francisco de Asís, ubicado en Torremolinos, argumentando que era el único de toda la región gestionado de forma directa por la administración regional al estar el resto privatizados. Una decisión que ha obligado a los menores condenados en Málaga a ser distribuidos en otras centros andaluces (sobre todo en Córdoba y Granada) donde cumplir su pena, más alejados de sus familias.
La Consejería de Justicia, dentro de su planificación estratégica de la Justicia Juvenil, equilibra las plazas disponibles, ya que la pasada legislatura se puso en marcha un nuevo centro en Granada (el CIMI Genil), con el que también se amplió el número de plazas en esta provincia, tanto de chicos como de chicas.
Los jueces de Menores pueden establecer que el internamiento sea en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico, en el caso de jóvenes con problemas de adicciones o trastornos de conducta. Los CIMI cuentan con equipos multidisciplinares de educadores, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, que trabajan con estos jóvenes de manera integral.
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