La Junta dice que el centro de menores de Churriana abrirá "la semana que viene"

Pese al revuelo causado con los vecinos, los distintos escritos presentados y las distintas reuniones entre administraciones y administrados, el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Málaga en Churriana abrirá "la semana que viene". Desde la Consejería de Justicia han indicado a este periódico que las obras se han dado por finalizadas y que xb, la empresa adjudicataria del mismo, ha presentado el informe de que cumple con todos los requisitos legales. Con esto, afirman, que "todo está en regla" y como afirmó el titular de la cartera, José Antonio Nieto, hace una semana, los primeros menores no tardarán en llegar.

Aunque a hora de cierre de este artículo no se ha actualizado la documentación en el Portal de Contratación con la formalización del contrato, desde la Junta señalan a este periódico que ya se ha firmado el contrato con Meridianos y que "cumple con todos los requisitos" tanto los legales como los urbanísticos y municipales. Cabe recordar que el contrato del CIMI se ha adjudicado a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos por cuatro años y 21 millones de euros. El mismo se ubicará en una antigua residencia de monjas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viene defendiendo que "si abre es porque cumple" con la legalidad. La última vez en una reunión este pasado domingo con los vecinos en el lugar donde abrirá el centro de internamiento. A la misma acudieron la delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga, Teresa Pardo; la primera teniente alcalde y concejal de Comercio, Elisa Péres de Siles, y el gerente de Urbanismo, José María Morente.

En un comunicado emitido por los vecinos este lunes afirman que Meridianos "tiene allí a trabajadores, que han aparcado en una calle que no está preparada [este lunes]. Los menores infractores en otras provincias no han llegado y la comunidad de propietarios de El Olivar duda que hayan podido presentar toda la documentación para formalizar el contrato, sobre todo en lo referido a la licencia de apertura municipal del edificio".

Los vecinos entienden que no cuenta con los papeles en regla: "lo único que se ha presentado son una serie de declaraciones responsables (DR), sin que hasta la fecha ningún técnico municipal haya verificado su contenido, al menos, hasta que las denuncias vecinales lo han ido forzando. Una DR no sustituye una licencia, ya sea de obra o de apertura, ni acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigibles".

Entre las carencias que señalan los vecinos del futuro CIMI están "la ausencia de un informe favorable de bomberos o de un vallado completo y homologado", denuncian que "las instalaciones interiores no están legalizadas, que faltan espacios deportivos mínimos, que el edificio está fuera de ordenanza tras la ampliación de superficies" y señalan que las mismas han sido denunciadas ante el Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Justicia y la Dirección General de Justicia Juvenil.

Fuentes de la Consejería indican que se han reunido dos veces (tres si cuentan la del pasado domingo) con los vecinos para explicar en qué consiste un CIMI y precisan que no es el único centro de este tipo en un casco urbano en Andalucía, están los de La Jara, en Sevilla, o El Molino, en Almería, "que llevan años funcionando sin problema". También se reunieron el viernes anterior con Junta, Ayuntamiento y empresa, sin que ninguna de las partes modificase las posturas que traían.

Ante la inquietud vecinal, ofrecieron detalles sobre el sistema de justicia juvenil y quieren tranquilizarlos porque se trata de menores que cometieron delitos, pero que están privados de libertad y no saldrán a las calles del barrio, salvo por motivos sanitarios, en cuyo caso lo harían acompañados y con seguridad del centro. Lo cierto es que el pliego de condiciones detalla que los menores podrán estar régimen cerrado, pero también habrá otros lo tendrán semiabierto, abierto o con permisos de fin de semana. Desde la Junta indican que los menores en ningún caso saldrán sin compañía de un tutor legal del centro.

Los vecinos defienden, también, que el inmueble no es apto para este cometido porque cuenta con 1.000 metros cuadrados menos que los que se aconsejan como mínimos en la memoria justificativa del proyecto, que también señala la necesidad de contar con pistas deportivas (al menos 900 metros cuadrados) de las que carece. Aunque estos no son requisitos indispensables en el pliego.