El juzgado da la razón al Ayuntamiento de Málaga con La Invisible: puede recuperar el edificio
Fuentes municipales afirman que van a ejecutar la sentencia, ante la que cabe recurso
Abre la puerta al desalojo administrativo sin que sea necesario que el contencioso presentado por Urbanismo para se resolviera
La Invisible mantiene el pulso al Ayuntamiento de Málaga y organiza una asamblea en su patio
Una manifestación en apoyo a La Invisible recorre Málaga

Málaga/La Invisible pende de un hilo. Sus esperanzas judiciales se basaban en un contencioso administrativo en el que reclamaba su derecho a permanecer en el edificio okupado hace ahora 17 años, pero el juzgado ha dado la razón al Ayuntamiento de Málaga: pueden recuperar el edificio municipal.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Málaga, en una sentencia a la que ha tenido acceso Málaga Hoy, La Fundación de los Comunes reclamaba, en nombre de La Casa Invisible, la adjudicación directa del inmueble, que el Consistorio les había rechazado en 2018. Sin embargo, la sentencia falla en contra de los demandantes –a los que no les condenan en costas– atendiendo a la libre concurrencia y resaltando que las "constatadas irregularidades del colectivo en posesión del inmueble".
Esto abre la puerta al desalojo y recuperación del inmueble de titularidad municipal, toda vez que, otro contencioso interpuesto por el área de Urbanismo en el que solicitaba el lanzamiento de los okupantes quedó aparcado a expensas de esta resolución.
Sin embargo, no será necesario que este se resuelva, toda vez que la sentencia asegura que "la Corporación Local ha seguido el procedimiento para la recuperación de oficio de la posesión ante la perturbación posesoria por parte del colectivo, que lo viene ocupando sin título alguno, sin que nos encontremos ante un procedimiento de desahucio de administrativo, que hubiera requerido de autorización o de otro título para la ocupación del inmueble".
Ahora, fuentes municipales afirman que el Ayuntamiento va a ejecutar la sentencia, lo que vuelve a poner en marcha la maquinaria para que La Invisible tenga que salir del inmueble sito en calle Nosquera 9 y 11. Ante esta sentencia cabe recurso de apelación.
En cuanto a la recuperación del edificio, la sentencia recoge que se cumplen los requisitos para que el Ayuntamiento proceda a ella. El primero se basa en que es un inmueble calificado como equipamiento social y de titularidad municipal. Este, según la sentencia "fue ocupado, sin mediar autorización de la Administración, mediante una mera actuación fáctica, cambiando la cerradura, negándose los ocupantes a facilitar la entrada, ni abrir la puerta a la policía".
Esto casa con otro de los puntos, ya que habría obstaculizado el uso público del mismo, Por lo mismo, La Casa Invisible no tiene autorización ni título habilitante desde enero de 2012.
En la sentencia también se recoge que "existe un acuerdo de la Corporación de mantener el uso cultural del edificio, si bien, sujeto a un procedimiento de licitación en libre concurrencia que permita a cualquier ciudadano poder concurrir en igualdad de condiciones y optar del uso del bien demanial". Lo que no casa con la pretensión de La Invisible de que se le otorgase la concesión 'a dedo'.
Además, la sentencia recoge las más de 100 denuncias que efectuó la policía entre 2014 y 2017 por convocar actos de pública concurrencia después de que en 2014 el Ayuntamiento lo clausurase a estos efectos por motivos de seguridad ya que el edificio no había pasado la última ITE.
Esto enlaza con la última batalla que mantienen Invisible y Consistorio, la vía de Comercio. El pasado mes de diciembre se detonó la última de las cartas municipales: si estaba en el aire la resolución que ahora les da vía libre para el desalojo y la jueza había parado el lanzamiento requerido por Urbanismo por esto mismo, el Ayuntamiento decretó el cierre de su función como bar y decretó su cierre, subrayando la prohibición de convocar actos de concurrencia pública.
El mismo desencadenó el enésimo enfrentamiento y la salida a la calle para manifestarse del centro social autogestionado, que pretende que el Ayuntamiento mantenga la cesión del edificio completo y ejecutar el proyecto de rehabilitación que ellos mismos redactaron y que no necesitaría de su salida al poder efectuarse por partes. Algo que, cada vez, está más lejos.
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