El Ayuntamiento de Málaga da el último estocazo a La Casa Invisible y decreta su cierre por haber realizado actividades de libre concurrencia sin tener licencia para ejercerlas. Esto supone la clausura de actividades de hostelería, eventos o espectáculos en el edificio, situado en la calle Nosquera 9 y 11 y okupado hace más de 16 años. Sobre el mismo hay dos procesos judiciales abiertos, uno que versa sobre la cesión del inmueble y un segundo, abierto por Urbanismo, en el que se solicita el desalojo. 

En el decreto de cierre, al que ha tenido acceso este periódico, se recoge que en el interior del inmueble "se están realizando actividades de hostelería sin someterse a los medios de intervención administrativa que corresponda, al no haber presentado declaración responsable y la realización de actividades extraordinarias de actividades sin autorización", como se describe en un informe de la Policía Local fechado el 16 de noviembre y que constata actividad los días 7, 13 y 15 de noviembre. 

El documento decreta el cese inmediato de la actividad de hostelería y prohíbe su ejercicio a La Casa Invisible. Además, suspende los actos públicos que no cuenten con la autorización pertinente. En caso de incumplir con estas medidas, Elisa Pérez de Siles, concejala de Aperturas y portavoz del equipo de Gobierno, anunció que se iniciaría la vía penal por parte del Ayuntamiento, en una rueda de prensa celebrada el 13 de diciembre. 

Entonces, Pérez de Siles afirmó que La Invisible contaba con 10 días para interponer alegaciones que, según el decreto de cierre no ha presentado, a pesar de que la fundación aseguró que lo haría. La defensa letrada de La Invisible asegura que el plazo de alegaciones cumple mañana, viernes 29 de diciembre, al haber accedido a la notificación de la misma el 14 de diciembre. 

Pérez de Siles recordó que el inmueble sigue siendo de titularidad municipal y que las actividades, que no cuentan con elementos de seguridad –como el concierto de rock que publicó este periódico– son última instancia "responsabilidad también del Ayuntamiento si ocurre algo en el edificio". 

Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad Ciudadana, subrayaba entonces su preocupación "por los locales en los que se hacen fiestas careciendo no sólo de licencia para ello, sino también de las medidas de seguridad, salidas o medidas anti incendio pertinentes". En este sentido, recordaron que la acción inspectora de la Policía no sólo ha notificado que se está incurriendo en actividades de libre concurrencia, sino que también se han evitado otras como la fiesta de Halloween del 27 de octubre.

Desde La Casa Invisible, en una rueda de prensa posterior, afirmaron que seguirían con las actividades a pesar del aviso municipal, ya que el proceso anunciado por el Ayuntamiento atenta contra la seguridad jurídica "por no cumplir con la tutela judicial efectiva", señalando los dos procesos judiciales previamente citados.

En especial, desde la defensa letrada de la fundación, subrayaban que el primero de ellos, el que debe dirimir si la cesión del inmueble tendría que seguir siendo efectiva, debe resolverse antes de cualquier proceso procedente de Urbanismo o Aperturas en relación al inmueble. Según La Fundación de los Comunes, es este proceso, en caso de fallar a su favor, el que abre la puerta, por un lado a pedir las licencias necesarias para efectuar la actividad hostelera en el interior, y, por otro, a rehabilitar el edificio según el proyecto que ellos mismos han redactado. 

En el documento de decreto de cierre, afirman que la organización "dificulta la labor inspectora" y "busca eximirse de cualquier responsabilidad" por la gestión horizontal de la misma, en la que participan varias fundaciones y personas de manera horizontal. De esta manera, "a la hora de cursar una denuncia o exigir responsabilidades a fecha actual, no queda claro a quién dirigirse". Así, describen esta "técnica" como "una manera de obstaculizar la labor inspectora y de vigilancia de esta Policía, y del resto de organismos del Ayuntamiento, prueba de ello es que cuando se le solicita el NIF de estas entidades como personas jurídicas con responsabilidad, niegan la facilitación del mismo, y por tanto las diversas actas e informes que se realizan por parte de esta policía, siempre aparecen personas distintas".

Desde La Invisible afirmaron que el patio "cumple con todas las medidas de seguridad" y compararon la actividad de dispensa de bebidas con "cuando te tomas un café en una cofradía". Además, en voz de Florencio Cabello, apuntaron que esta no tiene fines lucrativos y que con ella se garantiza la supervivencia económica del proyecto. 

Además, Cabello acusó al alcalde, Francisco de la Torre, de "usar a la Policía Local para hostigarnos sin respetar ningún tipo de plazo procesal. Si la Policía quiere conocer las actividades que hacemos aquí, es fácil, que mire la programación en nuestras redes sociales". 

También recordaron que La Invisible fue reconocida por el propio Consistorio como una Entidad de Interés Público Municipal por sus actividades culturales de libre concurrencia, por lo que "se ha visto sorprendida por la amenaza de cierre por parte del Ayuntamiento".