Vecinos de Málaga se oponen a abrir un centro de internamiento de menores infractores en Churriana

La intención de abrir un Centro de Menores Infractores (CIMI) en Málaga capital, en el distrito de Churriana, se ha topado con la oposición frontal de un grupo de vecinos que se están movilizanco en contra de esta instalación con acciones legales y judiciales, además de con la convocatoria de una concentración de protesta y la recogida de firmas.

A la cabeza de estas iniciativas está la comunidad de propietarios de la urbanización El Olivar, ubidada en Churriana, donde se acondiciona este recinto. Según han informado, van a presentar un contencioso administrativo contra la adjudicación de tal servicio por parte de la Junta de Andalucía, tras haberle sido rechazado un recurso administrativo previo.

Según una resolución a la que accedió EFE, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), ha inadmitido, por falta de legitimación, el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la referida comunidad contra la propuesta de adjudicación del contrato 'Servicio integral de Guarda, Reeducación e Inserción Menores Infractores en centro de internamiento en la provincia de Málaga'.

El contrato se deriva de una convocatoria de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta y la resolución del TARCJA indica que solo cabe recurso contencioso administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Otros centros así en cascos urbanos

Según han informado este jueves fuentes de la Consejería, se han reunido con los vecinos para explicar en qué consiste un CIMI y precisan que no es el único centro de este tipo en un casco urbano en Andalucía, están los de La Jara, en Sevilla, o El Molino, en Almería, "que llevan años funcionando sin problema".

Ante la inquietud vecinal, ofrecieron detalles sobre el sistema de justicia juvenil y quieren tranquilizarlos porque se trata de menores que cometieron delitos, pero que están privados de libertad y no saldrán a las calles del barrio, salvo por motivos sanitarios, en cuyo caso lo harían acompañados y con seguridad del centro.

Precisan que esos centros se asemejan a un entorno educativo, aunque con medidas de seguridad al estar privados de libertad, por lo que destacan que la actividad de este CIMI (con 50 plazas) no influirá en la vida cotidiana del barrio y que la obra prevista garantizará preservar la intimidad hacia fuera del centro y hacia dentro.

Añaden que el CIMI es un foco de generación de empleo para trabajadores sociales, educadores o personal de cocina y que algunos vecinos ya se han interesado para trabajar en esas dependencias.

Vecinos aseguran que "quiebra el espíritu del PGOU"

La comunidad de propietarios ha planteado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga una acción pública en el expediente que persigue "la adecuación de un edificio residencial en Centro de Internamiento de Menores Infractores", lo que considera que se hace "quebrando el espíritu del Plan Parcial y del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el uso sea residencial".

Indica en esa acción que de la documentación consultada del expediente se desprende: "un uso no autorizado y un cambio de uso", además de que hay "obras ejecutadas mediante declaración responsable sin proyecto de ejecución" y "deficiencias técnicas y funcionales".

Respecto al cerramiento perimetral y la videovigilancia, advierte en su escrito de que "el vallado actual es inadecuado", que "cualquier adaptación choca con la normativa" y que "instalar cámaras perimetrales colindantes con viviendas particulares vulneraría la privacidad de los vecinos".

También alerta del "impacto sobre la convivencia vecinal" y de "la carencia de infraestructuras y dotaciones urbanas" y se anuncia una concentración frente al Ayuntamiento el 16 de mayo.

La adjudicataria defiende la legalidad

Meridianos, entidad adjudicataria del proyecto, asegura que cumple de forma estricta con la normativa urbanística municipal y con los requisitos materiales establecidos en el pliego de licitación de la Junta.

Añade que, según el informe técnico del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, se considera apto para su uso como centro tutelado de menores y que el equipamiento está clasificado como Servicios de Interés Público y Social (SIPS), conforme al PGOU de 2011 vigente, y que es "un uso compatible".

También indica que el proyecto garantiza el cumplimiento de la ley, de modo que no se alteran parámetros urbanísticos, y que la licencia de obra se ha tramitado mediante declaración responsable conforme a la ley.

Precisa que un Centro de Reforma CIMI como este es una institución destinada a jóvenes que cumplen una medida judicial derivada de la comisión de un delito y que su fin es educativo y de reintegración social: "No debe confundirse con un Centro de Menores Migrantes no Acompañados ni con un centro de protección de menores".

Meridianos gestiona centros de menores infractores en diferentes comunidades autónomas, en Andalucía los CIMI de Almería y Córdoba. La comunidad de propietarios pide la revisión y anulación de la declaración responsable presentada para la adecuación del inmueble al entender que se ha "utilizado este instrumento de forma indebida".