Málaga pide al Gobierno medidas para rebajar la nueva tasa de basura

La polémica nueva tasa de basura, que parece no gustar a nadie, ha centrado este jueves el debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que ha aprobado varias iniciativas en las que se pide al Gobierno central que tome medidas para rebajar la carga económica que supone para los ciudadanos este este nuevo impuesto, derivado de la aplicación de la ley estatal 7/2022, que obliga a repercutir el cien por cien del coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos en los ciudadanos y las empresas. Así, ha salido adelante uno de los puntos de la moción urgente de Con Málaga en la que se insta al Ejecutivo a adoptar "las medidas oportunas para que sea atenúe la carga sobre la ciudadanía" y que no se repercuta el coste total en las familias.

También se ha dado luz verde otra iniciativa urgente del equipo de gobierno del PP en la que se exige al Gobierno a reformar esta ley de modo que adopte medidas que "suavicen los efectos" de su aplicación. Asimismo, también han aprobado pedir al Ejecutivo que establezca, con o sin reforma de la mencionada Ley 7/2022, criterios únicos para que se reduzcan al mínimo posible las diferencias en el importe a pagar por la ciudadanía en concepto de tasa o prestación patrimonial de residuos y se garantice la igualdad de los españoles con independencia del municipio en el que residan.

Además, reiteran que el Ayuntamiento de Málaga "se compromete al estudio riguroso de medidas que supongan bajadas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez conocidos los efectos reales de la puesta en marcha de la prestación por la aplicación de la Ley de Residuos". En el caso de la capital, el anteproyecto de ordenanza publicado por el Consistorio establece de media un pago anual de 129 euros por vivienda, en función del valor catastral y el número de empadronados.

Durante el debate de la moción, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha insistido que la iniciativa es con "el ánimo de que rectifiquen y retiren ese basurazo que van a tirar en toda la boca a las familias malagueñas", advirtiendo de la "falta de progresividad y que va en línea de las ordenanzas fiscales del PP". Ha criticado al equipo de gobierno por la "nefasta gestión" en materia ambiental, que "repercute en el bolsillo de las familias malagueñas".

"Nosotras lo que planteamos en esta iniciativa --cuyo resto de puntos no han sido aprobados-- es que haya una tasa de basura que responda a criterios de justicia fiscal, de justicia ambiental, que atienda a las situaciones económicas de las familias con una propuesta alternativa". "Somos el único grupo que hoy traemos aquí una propuesta de tarificación diferente", ha dicho. "Están a tiempo, les exigimos que retiran el 'basurazo' por una propuesta más justa en términos ambientales y fiscales", ha insistido Morillas.

Por su parte, la concejala delegada de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y responsable de Limasam, Teresa Porras, ha detallado la moción urgente del PP sobre la tasa de basura "impuesta por el Gobierno central". "La legislación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido concebida y redactada de tal manera que constituye un nuevo sistema de agravio entre españoles", ha criticado, al tiempo que ha añadido que "en el caso del Ayuntamiento se ha pospuesto todo lo posible en la implantación de esta medida a la espera de conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez establecía unas reglas del juego claras que no han terminado por llegar", ha dicho.

Asimismo, ha valorado que "estamos convencidos de que hemos preparado la mejor ordenanza posible", pero "no es óbice para que sigamos considerando que se hace necesario que el Gobierno establezca unos criterios que permitan unificar los textos normativos de cada ayuntamiento y contribuyan a lograr la igualdad en lugar de perpetuar una vez más las desigualdades en territorios nacionales", ha dicho.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha insistido en que el "tasazo de basura es atacar a los trabajadores, familias" y ha añadido que "hay que tener la cara de cemento armado para denunciar una tasa que en España se oponen pero que en Bruselas votan a favor con sus socios", ha advertido. Ha afirmado que "nosotros queremos derogar esa tasa, porque no puede ser gobernar en base a radicalismo verde que atacan a los que menos tienen".

Por parte del PSOE, la viceportavoz municipal, Begoña Medina, ha precisado que la tasa de basura "viene impuesta por Europa, no por el Gobierno de Sánchez". Por último, ha criticado que el Ayuntamiento llega "tarde con la ordenanza": "Nos encontramos con que llegan tarde, mal" y "quieren poner una doble tasa de basura a los ciudadanos, porque no bajan el IBI".

En segundo turno, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha incidido en que "cuando gobernemos en España va a cambiar la ley para hacerlo más adecuada como hacen otros estados miembros". Mientras tanto, ha dicho, van a "seguir trabajando, como estamos trabajando para que la ordenanza tenga el mejor desarrollo posible", recordando que todavía queda tramite".

Otras mociones

Por otro lado, durante el Pleno también ha salido adelante por unanimidad y con enmiendas la moción urgente de Vox para exigir "planificación, inversión y control público para poner fin a los déficits estructurales de Campanillas".

Asimismo, ha sido rechazada la moción conjunta de PSOE y Con Málaga sobre la "implementación de medidas para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento de la empresa pública de Limasam".

Ha sido aprobada por unanimidad tras contar con enmiendas, por otro lado, la moción del PSOE sobre los problemas de movilidad urbana, y de la de Con Málaga relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla y de la calidad del servicio público de la EMT y en defensa de los derechos de la plantilla del servicio urbano regular del autobús turístico han sido aprobados seis puntos y rechazados otros ocho.

Por último, de la moción de Vox sobre la rehabilitación y mantenimiento de los viales y espacios públicos que afectan a los residentes en la calle Agustín Montes Fuentes y sus alrededores han sido aprobados tres puntos y cuatro puntos han sido rechazados.

Asimismo, ha sido aprobada la moción del PP para que el Gobierno permita destinar el superávit a inversiones y políticas prioritarias como la promoción de vivienda pública.