Málaga

Los malagueños se divorcian más que hace un año: casi 1.000 rupturas en tres meses

Una pareja firma el acuerdo de divorcio

Una pareja firma el acuerdo de divorcio / M. G.

Los malagueños se divorcian más que hace un año. En los tres primeros meses de este 2023 se registraron 964 disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, es decir, un 25,36% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando hubo un total de 769. La provincia es la segunda en Andalucía con la cifra más alta de rupturas. Por delante se sitúa Sevilla, que supera el millar, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En Málaga hubo 519 casos de divorcios consensuados frente a 410 que no lo fueron, mientras que se resolvieron 24 separaciones de mutuo acuerdo y 11 contrarias. Son dos conceptos distintos. La diferencia principal es que la separación no disuelve el vínculo matrimonial, sino que se mantiene intacto y, de esta forma, los cónyuges no pueden volver a contraer matrimonio. El divorcio, sin embargo, permite que estos puedan casarse con otras personas o incluso entre ellos.

Las estadísticas confirman la tendencia al alza de estas demandas registrada en ejercicios anteriores. El número de separaciones entre parejas malagueñas ya había aumentado un 42% entre 2021 y 2020, coincidiendo con la incertidumbre económica y la salida de la crisis sanitaria por la Covid-19. Así, la provincia superaba en diez puntos porcentuales la media nacional del año posterior al inicio de la pandemia.

Entre enero y marzo de este año, en números absolutos, las provincias andaluzas con más disoluciones fueron Sevilla y Málaga, con 1.079 y 965, respectivamente. Le siguen Cádiz (677), Granada (458), Almería (358) y Córdoba (348). Y aquellas en las que se registraron menos rupturas firmadas fueron Jaén, con 342, y Huelva, con 271.

La huelga de los letrados impacta en las resoluciones

El incremento en el número de estas demandas en Málaga se produce pese al impacto de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha supuesto, en el conjunto nacional, una caída de un 10,3% en el primer trimestre del año, según publica el Consejo General del Poder Judicial.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 se han presentado en los órganos judiciales un total de 22.647 demandas de disolución matrimonial y todas las formas han disminuido excepto las demandas de separación no consensuadas, que se han mantenido estables respecto a 2022.

La huelga de los LAJ, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo, ha impactado en la resolución de asuntos y también en el ingreso, puesto que el número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales, y por tanto no se han computado como ingresados, ha crecido "enormemente" en el primer trimestre de 2023, explica el CGPJ. En el caso de los asuntos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los asuntos pendientes de ser aceptados han pasado de 20 en el primer trimestre de 2022 a 155 en el mismo período de 2023; en los Juzgados de Familia, el incremento ha sido de 177 a 4.077.

Las 12.839 demandas de divorcio consensuado representan un 12,8 % menos que las registradas en el primer trimestre de 2022; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 550, han disminuido un 23,9 %; las 8.954 no consensuadas son un 5,7 % menos que las presentadas el año anterior; mientras que las demandas de nulidad han sido un 33,3 % menos (12). El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 65,4; Navarra (56,4), Comunidad Valenciana (53,7); Andalucía (51,4); Baleares (51) y Asturias (48,1). En todos esos territorios se ha superado la media nacional, que es de 47,1 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes.

Las cifras más bajas, en La Rioja, Madrid y Castilla y León

Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en La Rioja (30,7), Madrid (37,3) y Castilla y León, con 37,9. En cuanto a la modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, han disminuido todas excepto las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, que han aumentado un 1,2 % hasta las 7.004.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas (3.003) han descendido un 10,6 %, en tanto que las no consensuadas (8.097) lo han hecho un 4,9 % respecto al mismo trimestre de 2022, y los cambios de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (5.382) disminuyeron un 8,6 %.

Dos divorcios: amistosos, o de mutuo acuerdo o contencioso

Existen dos tipos de divorcios, amistosos o de mutuo acuerdo o contenciosos, este segundo suele ser el más habitual. El de mutuo acuerdo es aquel que se solicita cuando ambos cónyuges están conformes con la decisión o uno de los cónyuges pide el divorcio y el otro da el consentimiento para seguir adelante con el proceso. En este caso, como ambos cónyuges están de acuerdo en la decisión de disolver el vínculo matrimonial, se exige que presenten una propuesta de convenio regulador, para ser ratificada por el juez competente, en la que lleguen a un entendimiento sobre todos los términos esenciales, en relación al cuidado de los hijos, el régimen de visitas y comunicación de los padres y abuelos, la atribución del uso y disfrute la vivienda familiar, la pensión de alimentos y/o pensión compensatoria, la liquidación del régimen económico matrimonial, etc.

Este tipo de divorcio se puede hacer de manera extrajudicial, en lo que se llama divorcio express que se celebra delante de notario. Solo se puede celebrar en el caso en que ambos cónyuges estén de acuerdo con el divorcio y siempre que no haya hijos no emancipados o con la capacidad modificada que, judicialmente, dependan de sus progenitores.

Divorcio contencioso

Se produce cuando uno de los miembros de la pareja presenta la demanda de divorcio y el otro no da el consentimiento. El desarrollo de este tipo de divorcios suele ser más caro y más largo que los que se celebran de mutuo acuerdo. Aquí, cada cónyuge tiene que llevar su propio abogado y su propio procurados, ya que cada uno representa a una parte de la pareja. 

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