El caso de la muerte del cabo Soria llega a la Audiencia, que decidirá si lo acepta

El caso de la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo en Líbano durante un bombardeo israelí el 28 de enero ha llegado a la Audiencia Nacional, que en los próximos días deberá decidir si lo acepta. En caso de que así sea, será un tribunal civil el que investigue la muerte del militar, que su familia califica de "asesinato".

El hecho de que el caso del cabo esté a las puertas de ser instruido por un juez de la Audiencia Nacional ha sido posible por la iniciativa de los padres del militar, que se personaron como acusación particular en marzo, tras lo cual pidieron la inhibición del juzgado militar.

La inhibición del Juzgado Togado Militar número 11 ha tardado dos meses en llegar. En el auto correspondiente, dicho juzgado considera a la Audiencia Nacional "competente" para la tramitación del recurso de la familia y se compromete a facilitar toda la información que se le reclame, como pueden ser "los restos del proyectil" que impactó en la posición donde se encontraba el cabo Soria.

La intención de los padres del militar español, que participaba en la misión de la ONU en Líbano cuando falleció por un bombardeo del Ejército israelí, es "saber qué pasó, quién lo hizo y por qué", ya que consideran que la actuación del Ministerio de Defensa en todo este asunto "deja mucho que desear".

La madre del cabo, Margarita Toledo, afirmó ayer en Madrid que a su hijo "le han matado, no ha sido un accidente, y los responsables tienen que pagar por ello". "Estuvieron disparando durante más de dos horas, bombardeando a España", denunció. Además, reprochó que el Gobierno no se ha puesto en contacto en ningún momento con ella, ni siquiera para transmitirle sus condolencias. "El presidente dio su pésame por Twitter, pero yo no tengo Twitter", señaló. Tampoco el Estado de Israel se ha dirigido a ella, a pesar de que, según ha asegurado, se puso en contacto con la Embajada en Madrid, por lo que dice no saber nada de las indemnizaciones que habrían recibido la mujer y la hija del militar -que nació cinco días después de su muerte- y que corren a cargo del Gobierno español, el israelí y Naciones Unidas.

Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y abogado de los padres del cabo, aseguró que entre los miembros de las Fuerzas Armadas hay "malestar y frustración" por cómo se ha gestionado por parte del Gobierno el caso del fallecimiento del casco azul. "Los militares que mueren por nosotros merecen un trato más digno", afirmó. Ésta es la razón por la que pide que la Audiencia Nacional investigue el caso, ya que considera que algo así "no puede quedar sin investigación judicial".