Seis nombres, seis víctimas en el ocaso de sus vidas

Detrás del fraude de la residencia Nuestra Señora de Gracia se encontraban nombres. Ancianos que habían luchado toda su vida para tener alguna posesión y que en el ocaso de sus vidas veían desaparecer cuando la mente les comenzó a jugar malas pasadas. El escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga contra los dos acusados, la responsable del asilo y su hijo, relata el caso de once de estas personas. Éstos son algunos de ellos.

FRANCISCO G. Y JOSEFA R.

Este matrimonio permaneció en el geriátrico desde el 5 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2004. Jamás podían pensar que iban a acabar perdiendo su casa y que ésta iba a acabar convirtiéndose en el domicilio de la propietaria del centro. La fiscalía recoge que Concepción B. J. les hizo firmar un contrato a su llegada al centro en el que ésta "hace constar que, al no disponer de ingresos suficientes para pagar, ellos deciden ceder su vivienda como pago, sin que en realidad fueran conscientes del contenido del mismo".

La mujer utilizó el referido poder "suscribiendo en fecha 3 de diciembre de 2004 escritura pública de compraventa en virtud de la cual el matrimonio vendía la vivienda a la acusada por el precio de 60.480 euros, sin que, como es obvio, recibieran el mencionado dinero" .

JOSÉ P. Y REMEDIOS M.

Este matrimonio abonó 1.600 euros a la acusada por 17 días de estancia en la residencia. El importe parece excesivo, pero las pérdidas de José y Remedios iban a ser más cuantiosas.

Al igual que en el caso anterior, firmaron un poder notarial por el que permitían a Concepción B. J. disponer de sus bienes. El Ministerio Público considera que ésta lo utilizó para tejer un entramado cuyo fin era apropiarse de su casa.

Éste considera que la acusada suscribió escritura de hipoteca y fijó como deudores a un matrimonio representado por ella y a un acreedor. A través de la tramitación de una serie de contratos, el bien inmueble pasaba a ser posesión de una sociedad vinculada a la responsable de la residencia.

EMILIO C.

"En fecha 26 de enero de 2005, la acusada le hizo firmar un poder notarial, tan amplio como en derecho fuese exigible, para disponer y cancelar cuentas bancarias y retirar cantidades de las mismas, así como extraer los fondos de inversión que tuviera", señala la Fiscalía, que recuerda que Emilio C. tenía un depósito de 30.000 euros únicamente en un banco.

Las cuentas de ingresos del anciano se convirtieron, según el Ministerio fiscal, en una cuantiosa vía de ingresos para la mujer. "La acusada hizo un reintegro en una de las cuentas corrientes que Emilio C. tenía en Unicaja por importe de 3.000 euros. En la misma fecha canceló otra de las cuentas a favor del titular de 6.000 euros, siendo firmado el recibo de entrega de dicha cantidad por Concepción B. J., quien dispuso en su propio beneficio de ambas cantidades".

Pero el presunto fraude no se iba a detener en este punto. Ésta y su hijo se pusieron de acuerdo para que, "mediante engaños", la víctima "suscribiera a favor del segundo un contrato privado de compraventa de su vivienda". El precio fijado para la transacción fue de 42.000 euros, dinero que el hombre nunca vio.

TOMÁS C.

Permaneció en la residencia Nuestra Señora de Gracia aproximadamente un año. Como en los casos anteriores, y utilizando el mismo modus operandi, perdió su domicilio después de firmar poderes notariales en favor de la imputada.

Estos cuatro casos, unidos a los descritos en la página anterior, ponen en evidencia, según la fiscalía de Málaga, que madre e hijo se aprovechaban de la incapacidad física y mental de los ancianos para apropiarse de sus viviendas y de sus fondos.

En el escrito de acusación se describe el cambio de titularidad de siete domicilios entre 2003 y 2005. La pregunta que asalta es: ¿son todos los estafados o habrá más afectados?