Las patronales de viviendas turísticas y las administraciones locales o autonómicas, entre ellas la propia Junta de Andalucía, piden al Gobierno central que realice una normativa común sobre viviendas turísticas para que no haya 17 legislaciones distintas. Sin embargo, esto va a ser prácticamente imposible.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha asegurado hoy que el Gobierno central no tiene competencias en esta materia porque todo lo relacionado con el turismo está transferido a las comunidades autónomas, por lo que la única forma de poner en marcha una normativa estatal común sería que todas las comunidades se pusieran de acuerdo. Y teniendo en cuenta que hay regiones que aplauden la proliferación de viviendas turísticas y otras que las prohiben, un pacto parece difícil de alcanzar.

“Es una cuestión que tiene su complejidad jurídica, la parte de la ordenación turística está transferida a las comunidades autónomas y otra muy importante es la ordenación territorial que comparten ayuntamientos, consejos y cabildos insulares y consejos y en algunos casos las comunidades autónomas”, explicó Oliver, quien añadió que “si hubiera un acuerdo entre todas las comunidades autónomas en este sentido el Gobierno puede reconsiderar o trabajar junto con ellas en esta línea”. El gobierno está en funciones, hay elecciones el 10 de noviembre y nadie sabe si se va a poder formar un nuevo gobierno, por lo que las probabilidades de avance son muy escasas.

Oliver acudió a la clausura del Congreso Europeo de Viviendas Turísticas y, unos momentos antes, también habló sobre el conflicto en Cataluña. “Tanto España como Cataluña y la ciudad de Barcelona son referentes turísticos muy importantes”, dijo Oliver, quien apeló a la “sensibilidad y la sensatez” y esperó que se resuelva el conflicto “cuanto antes”.