Ofensiva policial contra los clubes cannábicos de Málaga: "Muchos son un gran negocio para traficar con droga"

La confesión de un joven que fumaba marihuana en la calle llevó a los policías a tirar del hilo. Había comprado la droga en una asociación pro cannábica del barrio malagueño del Soho. Corría el año 2013 y comenzaban entonces a aflorar por toda la geografía española. Los primeros agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, pioneros en esta lucha, descubrieron que muchos de estos clubes –sucesores de los coffee shop de Ámsterdam en la hegemonía europea– eran, en realidad, una tapadera de su verdadero objetivo: traficar con marihuana y hachís.

“Se resisten"

Con la creciente aceptación social del cannabis, las asociaciones que lo defienden están proliferando bajo la premisa de cumplir con los requisitos legales. Sus estatutos recogen -casi exclusivamente- lo relativo a los cursos y charlas para plantar marihuana. Y de ahí que la Policía haya intensificado su control y las inspecciones, basando su estrategia en horas de vigilancia en las entradas y salidas de los locales y la identificación de los consumidores. Así, han averiguado que en Málaga capital operan un total de ocho clubes. Cuatro de ellos se han podido cerrar definitivamente con droga incautada, dinero y detenciones. Los otros continúan abiertos, pese a los múltiples apercibimientos de los investigadores. “Se resisten; no hay forma de acabar con estas asociaciones. Lo que se persigue es el negocio de venta de estupefacientes. Cada vez hay más y son un gran negocio a manos de extranjeros con antecedentes por narcotráfico”, aseveran investigadores implicados en estos casos.

La llamada Operación Tapadera, desarrollada estos meses al alimón entre la Policía Local y la Nacional, ha llevado al arresto de ocho personas por supuestos delitos contra la salud pública e irregularidades administrativa. En los registros, los agentes encontraron seis kilos de sustancias, en su mayoría marihuana, y 4.500 euros. Hubo cuatro decretos de cierre en los distritos de Centro, Teatinos y Cruz del Humilladero por “favorecer y promover el tráfico de sustancias estupefacientes y por irregularidades administrativas”.

El caso del insumiso que incumplió cuatro decretos de cierre

El caso más singular lo protagonizaría más tarde otro club, también en Puerto de la Torre, a comienzos de mayo. Había incumplido el decreto de cierre, de dos años, que se le había impuesto hasta en cuatro ocasiones. A la quinta ha ido la vencida, aunque el día de su caída los responsables no se lo pusieron fácil a la Policía. Las fuertes medidas de seguridad impedían el acceso al interior. Una U de metal unía el suelo con la puerta, que efectivos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) acabaron derribando. Su encargado, un sueco de 24 años, fue detenido. Una vez dentro, el GIP intervino gominolas y dulces artesanales con THC y unos 80 vapers que contenían también esta sustancia, además de marihuana y MDMA, ocultas entre el mobiliario, y utensilios para su venta. Su perfil de Instagram sigue activo, con imágenes de consumidores fumando marihuana.

El vacío en el que operan estas asociaciones encarna el agujero legal en el que se mueve el consumo de marihuana en España. Y a ello se añade que aquí no se permite el consumo de estupefacientes en ningún local. CBD, también conocido como cannabis o cáñamo, es la única sustancia que se pueda comprar legalmente.

Las reglas de acceso

En otros puntos de la geografía, dependiendo del club y de su exclusividad piden determinados requisitos. El principal, acreditar la mayoría de edad y entregar el DNI para que en el local se haga una copia. Después, el pago de una cuota que ronda los 10 euros mensuales. También estipulan normas estrictas: no se permite sacar la marihuana del establecimiento y el cliente deberá depositarla en una taquilla cuando decida salir. Los inscritos no pueden comprar e irse. En el reglamento figura cómo el objetivo no es proporcionar la droga, sino fomentar lo social del establecimiento. Hay otras entidades que no están al alcance de cualquiera. En algunas es un requisito indispensable conocer a alguien que ya esté dentro de la asociación para formar parte. Una estrategia para garantizar que sólo accedan clientes de confianza que guarden el secreto de lo que se cuece dentro. En otros, donde pulula una variopinta tropa de promotores para extranjeros y camellos nada disimulados del menudeo, la publicidad en sus inmediaciones es inexistente.

En Málaga, sin embargo, estas normas de acceso no rigen en todos. En la mayoría, para acceder únicamente se exige un documento con los datos personales. Algunos cobran el alta de socio y, después, la droga que venden. “Entenderíamos que se tratara de una asociación si hubiera un número identificable de socios, un control de la entrada y de la entrega de la sustancia, además de un registro documental y económico con las cuotas”, afirman investigadores bregados en esta batalla contra los clubes tapadera. Otra de las claves está en que la sustancia “se consuma íntegramente” en el local.

Expertos consultados precisan que las asociaciones pro cannábicas “no hacen daño siempre que cumplan esos requisitos”. “Pero con el código penal en la mano y las leyes administrativas no se encuentra su encaje. Lo que más se asemeja a estos locales son los clubes de fumadores y, sin embargo, nadie va a darle una autorización para consumir otras sustancias”, apuntan. Los responsables deben “luchar y pelear por una modificación y que haya un control de la administración”, aseguran quienes conocen bien los entresijos del negocio. Al tiempo, auguran que, en algún momento, a estos consumidores se les ofrecerá “un espacio”, pero para ello será necesario “legislar”. “La falta de apoyo político no les permite hacerlo y la ley tampoco se lo facilita”, remachan.