Aunque eclipsado por la amnistía, uno de los acuerdos a los que ha llegado Pedro Sánchez para poder alcanzar la aritmética que le ha permitido alcanzar la gobernabilidad esta legislatura es la entrega de las competencias del Cercanías catalán (el Rodalies) a la Generalitat catalana. Con la casuística de que en los últimos años, el Gobierno aprobó un plan por el que regaría con 6.300 millones la infraestructura catalana. Este plan choca con el olvido al tren litoral, presupuestado en unos 4.500 millones para llegar hasta Estepona, pero cuya presencia en los Presupuestos del Estado sigue siendo testimonial. 

Esta inversión en infraestructuras en Cataluña se debe a un plan presentado por José Luis Ábalos cuando aún era ministro de Transportes, hace tres años, y que prometía, además de la mejora de la propia infraestructura, la renovación de trenes de la región. Hasta el momento se han licitado cerca de 2.800 millones en este proyecto, que tenía como horquilla para culminar sus actuaciones hasta 2030. De estos 2.800 millones licitados por el Estado, se han ejecutado ya más de 1.000 millones en estos tres primeros años del plan. 

Pero el traspaso de las competencias del Gobierno central a la Generalitat, como está comprometido en el acuerdo entre ERC y el PSOE para el apoyo del primero a un gobierno socialista, no supondrá ningún tipo de cambio en el proyecto de inversiones. 

La diferencia es aún más grande si se compara con la cantidad destinada –que no la ejecutada– en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos diez años. En total, han sido 8.382.000 euros, un 0,4% de lo que se presupuestó para que el tren llegase hasta Estepona, 4.500 millones de euros. 

En las últimas cuentas el Gobierno para este año la cuantía aumentó respecto a los cuatro anteriores hasta los 202.000 euros para estudios previos. Más del doble de los 82.900 que venían destinando en 2022 y 2021. En 2020 no se alcanzó el consenso para sacar adelante los Presupuestos, por lo que se prorrogaron los 140.000 euros que se destinaron al ferrocarril en 2019. 

El año anterior, 2018, aumentó el presupuesto en lo que parecía una apuesta por relanzar el proyecto, destinándose 6,5 millones de euros. Ese mismo año se firmó un acuerdo de los principales partidos para hacer una apuesta seria por la conexión litoral ferroviaria. Si se excluye la partida de 2018 del total destinado en los últimos 10 años, la cuantía reservada para el proyecto litoral disminuye hasta los 1.882.000 euros. 

Recientemente Lluis Sanvicens, un consultor de transportes, ha dibujado una línea más sencillo y barato para llevar el tren litoral por la A-7. El resultado es un proyecto que estima que el coste de llevar el Cercanías hasta Marbella sería de 1.700 millones de euros, en un tiempo de 63 minutos, que podría acortarse hasta los 50 en "servicios exprés" que sólo haga paradas en Málaga, Aeropuerto, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Marbella. 

Además, el propio Sanvicens tomaba como referencia algunos de las infraestructuras licitadas para este Plan del Rodalies para hacer sus cálculos. Con una cuenta rápida se resulta que, con lo destinado al tren de cercanías catalán podría hacerse al menos tres veces el ferrocarril hasta Marbella, la única ciudad de España con más de 100.000 habitantes que en estos momentos carece de transporte sobre raíles. 

La ofensiva de la Junta: "Queremos que llegue hasta el Campo de Gibraltar"

En Andalucía, con un gobierno del color contrario al del Ejecutivo central y prácticamente toda la provincia gobernada por el PP –el 90% de los malagueños cuentan con un alcalde de esas siglas–, la batalla está servida en la movilidad, una de las áreas cuya competencia es aún del Gobierno. 

Durante el último mes han sido varias las veces que desde la delegación del Gobierno en Málaga se viene desplazando la misma idea: hay que sacar del cajón el tren litoral y no sólo hasta Marbella, tampoco hasta Estepona, sino hasta el Campo de Gibraltar. "Cada vez compartimos mayores intereses y problemáticas de movilidad" con Cádiz, viene recordando la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.

Además, Navarro no pierde ocasión de recordar también que Málaga, pese al tamaño de su red metropolitana no recibe financiación estatal para el tránsito regular de viajeros, como si ocurre con Madrid, Barcelona o Valencia y ha reclamado al Gobierno de España participar al menos en la misma estrategia de movilidad en Andalucía.