La oposición condena la gestión de Urbanismo en Málaga por "dejar morir infracciones"

Seis meses y medio después de que echase a andar la comisión encargada de investigar las presuntas irregularidades cometidas por la Gerencia de Urbanismo en la tramitación de miles de expedientes por infracción, los hechos han quedado vistos para sentencia. Y la misma ha sido, con el apoyo mayoritario de los grupos municipales, condenatoria. La situación de minoría en la que se encuentra el Partido Popular y la decisión de su socio de investidura, Ciudadanos, de abstenterse en buena parte de las puntos, han permitido al PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente ir adelante con sus principales conclusiones, considerando como probada "la existencia de injerencias políticas, de presiones y represalias para frenar expedientes por parte del equipo de gobierno".

Dan por válidas las denuncias verbalizadas en varias de las sesiones por varios ex jefes de Urbanismo, entre las que incluyó la referencia a que la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, "pidieron que se mirase para otro lado" en la tramitación de expedientes.

A juicio de la mayoría de los integrantes de la comisión, las mencionadas injerencias "no se limitaron a Villas del Arenal sino a otras zonas donde se vetó la presencia de inspectores, que tenían la instrucción expresa de no acudir sin previa autorización de los directores de distritos". Asimismo, se da por cierto que la tramitación de los expedientes abiertos requería del aviso por correo a los concejales de distrito antes de poder avanzar en los mismos.

Durante el análisis y debate de las conclusiones formuladas, el concejal del PSOE Sergio Brenes ha admitido que serán los tribunales los que tendrán que dirimir la existencia o no de delitos en la tramitación de los expedientes. No obstante, sí ha destacado la necesidad de realizar una depuración de responsabilidades políticas ante lo ocurrido, apuntando de manera directa al alcalde, Francisco de la Torre; al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares; a la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y al gerente de Urbanismo, José Cardador.

"Las denuncias de mala praxis en la tramitación de esos miles de expedientes han salido de los funcionarios y ex cargos de confianza del PP, que han llegado a hablar de persecución laboral, de mirar para otro lado, de incitar a la prevaricación, algo más propio de una organización mafiosa que de un organismo público", ha destacado Brenes.

En la misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha puesto de manifiesto la falta de personal y de medios técnicos en las labores de inspección y disciplina, subrayando que las diferentes reorganizaciones de los departamentos realizadas por el equipo de gobierno lejos de mejorar la situación acabó empeorándola. Torralbo ha subrayado la situación "fuera de la ley" del servicio B creado al efecto para atender, principalmente, los expedientes abiertos en Villas del Arenal.

La posición de Ciudadanos ha sido más neutral y menos crítica. Alejandro Carballo, presidente además de la comisión, ha solicitado "prudencia" a tenor de las graves acusaciones lanzadas por los grupos de la bancada de izquierda, incidiendo en la necesidad de dejar trabajar a la Justicia y, posteriormente, en caso de necesidad, "pedir responsabilidades". A juicio del partido naranja, es evidente "la falta de medios técnicos y humanos; que se desmanteló el servicio de Inspección y Disciplina, que se creó un servicio B para tratar los expedientes de Villas del Arenal y al equipo titular se le negó la información de los mismos...".

Eduardo Zorrilla, por su parte, ha insistido en la existencia de "una decisión política de dejar morir expedientes sancionadores", extensible no solo a Villas del Arenal sino a otras zonas de la ciudad. "Para llevar a cabo esta decisión se desmanteló toda la estructura del servicio de Inspección, toda la cadena de mando para sustituirla por otras personas mediante el servicio B", ha expuesto en la comisión. Asimismo, ha señalado que en este esquema se estableció "un procedimiento al margen de la ley, que buscaba retrasar los expedientes hasta que muchos caducasen o prescribiese la sanción".

El concejal no adscrito Juan José Espinosa ha dado por válida la existencia entre 2006 y 2016 de 11.834 denuncias urbanísticas de las que el 70% están sin resolver, algunos con más de 10 años abiertos. “Solo un 17% de esas denuncias, 2.074 en concreto, han derivado en un proceso sancionador; más de un millar han sido archivadas al haber caducado sin que se llevara a cabo sobre ellas trámite alguno para darles curso”, expone en una de sus conclusiones.

Frente a las acusaciones acumuladas, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, defendió el proceder de la Gerencia de Urbanismo, sustanciándolo en la existencia de varias sentencias judiciales en las que se justifica el proceder municipal. "Lo que dicen ocho jueces lo ponen en cuestión siete concejales de la oposición; y no se les cae la cara de vergüenza", ha rebatido, reiterando que estos fallos judiciales (todos en el plano de lo laboral y lo social) indican que “se ha actuado siempre conforme a ley, que no ha habido injerencias”.