Un organismo del Ayuntamiento de Málaga advierte de la “urgente necesidad” de vivienda pública

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, pone de relieve en su último análisis sobre le mercado inmobiliario de la ciudad la "urgente necesidad" de que las administraciones públicas apuesten de manera "decidida" por la promoción de viviendas públicas a precio asequible. Una vía de actuación con la que dar respuesta a una importante población que, con la destacada subida de los precios del residencial en los últimos años, se encuentra con problemas serios para acceder a un inmueble, ya sea en régimen de alquiler o de compra.

La exigencia emitida por el ente municipal contrasta con la política de vivienda que desarrolla el propio Consistorio, cuyo papel como promotor en los últimos ejercicios se ha visto seriamente mermado por la crisis económica y la necesidad de cumplir con un plan económico de contención. Muestra de ello es que en la actualidad, la Sociedad Municipal de Vivienda sólo tiene en ejecución 69 pisos (en cuatro promociones) y en proceso de licitación otras 63. La fotografía en el caso de la Junta de Andalucía muestra una institución que desde hace casi una década no ha impulsado una sola vivienda social en Málaga.

El mensaje crítico del OMAU toma como punto de partida la existencia de una "dualidad" en el actual mercado residencial de la capital. De un lado, con una segmentación clara de los barrios en los que los valores se alzan incluso por encima de finales de 2007, justo antes de la crisis del ladrillo; de otro, con personas o familias que tienen o no acceso a la vivienda. Sobre este particular, apunta que un porcentaje muy elevado de los compradores en el primer trimestre del año son personas o grupos de inversión externos a Málaga.

"Mientras no nos encaminemos de forma rápida y decidida a políticas de vivienda pública, en alquiler y en venta, la brecha de la dualidad se irá incrementando", subraya el informe, en el que se valora una posible intervención en la limitación de los precios del alquiler contemplada en la nueva legislación sobre vivienda. Acción que, a juicio de los responsables del análisis, "en momentos de urgencia como los actuales, debe ser también una prioridad autonómica y municipal".

El observatorio municipal acepta que Málaga "está de moda" y valora los efectos positivos que ello tiene para la ciudad "si se sabe administrar bien". Sin embargo, incide en que este atractivo como foco de inversión no parece dejarse notar ni sobre el nivel de empleo ni sobre la calidad del mismo, que están "todavía muy bajos". "Los niveles de precariedad, no sólo ya en los jóvenes, son importantes y por tanto la posibilidad de acceso a la vivienda de importantes partes de la población es escasa", destaca.

Para sustanciar esta realidad, el OMAU recoge los datos del Registro de Demandantes de VPO, en el que hay 18.723 peticionarios. De ellos, el 52% gana menos de 538 euros al mes; el 31%, entre 538 euros y 807 euros al mes, y un 17% más de 807 euros al mes. Números que contrastan con las 132 viviendas públicas que están o en fase de ejecución o de contratación. La gran apuesta municipal en materia de VPO, las 1.001 de Universidad, siguen sin un calendario claro.

La voz de alarma aquí expresada coincide con la que semanas atrás verbalizó el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, quien al dar a conocer los datos de visados de viviendas de 2018 incidía en la preocupante situación de las promociones de VPO. "Hay un grave problema de escasez y la actividad es prácticamente nula salvo en Málaga capital y entendemos que es algo coyuntural por un proyecto en Martiricos", dijo Sarabia en referencia a una promoción privada impulsada por Espacio Medina. De hecho, el año pasado, de las 302 viviendas de protección oficial visadas, 224 se localizaban en la ciudad; 66, en Vélez Málaga, cuatro más repartidas en Marbella, Benalmádena, Mijas y Viñuela, y 8 en Nerja.

En cuanto a la "segregación urbana motivada por los precios", el trabajo realizado por el OMAU pone en evidencia la existencia de dos espacios, el Litoral Este y Centro, como zonas prohibitivas, con precios de 4.802 y 4.417 euros por metro cuadrado, respectivamente. El alza de estos valores a lo largo del último año ha sido del 24,55% en el caso de la zona Este y del 13,5% en el caso del casco antiguo.