Piden al rector de la UMA que anule encargos a la fundación privada de gestiones administrativas propias de la universidad

Gestión administrativa de las actividades de comunicación del área de cultura y estudiantes (42.032,68 euros), gestión administrativa de actividades en materia de PDI (35.892,54 euros), gestión administrativa de actividades en materia de investigación y apoyo en la organización de congresos científicos (35.867,10 euros) y gestión administrativa de actividades en materia económica (30.172,91 euros). Son los cuatro encargos que el rector de la UMA, Teodomiro López, ha hecho a la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), un ente privado, y que el sindicato SiAM ha "exigido" que anule al entender que son gestiones administrativas propias de la Universidad.

El sindicato asegura que fue una noticia de este periódico publicada el pasado 21 de julio lo que les pone sobre la pista. Tras esto, recogen en su escrito, otro sindicato preguntó al rector por estos encargos de actividades "sujetas a derecho administrativo". La respuesta de López, fue la siguiente: "no se ha encargado a la FGUMA ninguna tarea que implique el ejercicio de potestades públicas ni funciones sujetas al derecho administrativo. En todo momento se ha respetado el marco legal vigente y las competencias propias de la Universidad y de su personal".

Pese a ello, SiAM afirma que en una resolución del Rector, publicada "única y exclusivamente en el BOUMA el pasado 4 de julio sí que se recogen encargos" de actividades "sujetas a derecho administrativo". Esto, afirman desde el sindicato, es "contrario a lo que exponía el rector".

Así, piden a López la "anulación" de los cuatro encargos citados (del séptimo al décimo, en la resolución del 4 de julio) porque los Estatutos de la FGUMA recogen lo siguiente en su artículo 3: Medio propio y servicio técnico de la Universidad de Málaga. "La Fundación General de la Universidad de Málaga tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Málaga debiendo asumir los encargos que esta le ordene que, en ningún caso, podrán implicar la atribución de potestades públicas o el ejercicio de funciones o facultades sujetas al derecho administrativo".

También citan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su escrito. En la la Guía sobre la Contratación Pública y Competencia recogen que "no estaría justificado el uso de la figura del encargo para suplir carencias estructurales de personal (que deberían ser solventadas a través de la adecuada dotación de las plantillas) o para realizar actividades que impliquen ejercicio de potestades públicas o administrativas".

También denuncian que se dedica un montante de cerca de 144.000 euros para "subcontratar" la gestión de actividades sujetas a derecho administrativo, "en un contexto en el que no se realizan contrataciones para cubrir las bajas de la plantilla, y hay personal que asume esa sobrecarga extra, supone contribuir a la asfixia económica de nuestra institución pública, así como el detrimento de la adecuada dotación de la plantilla".

Este periódico ha tratado de obtener la versión de la Universidad y el Rectorado, sin haber obtenido respuesta alguna a la hora de cierre de este artículo.