Las plantaciones de marihuana tanto el interior de viviendas como en el exterior crecen y son un quebradero de cabeza. Primero, para la Policía, que dedica meses a encontrarlas y detener a sus propietarios con el sinsabor de que las penas para los autores son leves. Cuando crecen indoor dar con ellas entonces se vuelve más complejo y justificar la entrada de los investigadores también se dificulta. Si bien, el verdadero problema es qué hacer con ellas una vez que se incautan debido al crecimiento exponencial de este tipo de cultivos ilegales durante los últimos años, más acuciado si cabe en la provincia de Málaga.

Esta situación ha llevado a la aprobación del Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana con el que se pretende, entre otras cuestiones, "favorecer logísticamente la destrucción de las plantaciones de marihuana", se expone en la memoria elaborada por el Ministerio del Interior, que justifica la contratación se servicios para el desmantelamiento de grandes plantaciones de esta droga.

El desmantelamiento de las plantaciones ilegales de marihuana es una obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro de su misión de recoger los efectos del delito y ponerlos bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente. En el caso de las pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar dichas plantaciones. Pero, ¿qué ocurre con las más grandes?

En estos casos, policías y guardias civiles se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad, pues, además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorbería el tiempo de las plantillas policiales. De esta manera, el Gobierno central considera como procedimiento más idóneo la contratación de empresas del sector privado, cuyos conocimientos y medios técnicos estén en disposición de desarrollar estos trabajos.

El tratamiento para llevar a cabo este servicio estará determinado en cada caso por la autoridad judicial. Si bien, de forma ordinaria, incluye, previamente al arrancando de las plantas, el apoyo en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción previamente; el propio arrancado, que puede presentar más o menos dificultades dependiendo de la situación de la plantación; el triturado o comparación en el caso de que se haya determinado su conservación durante un tiempo determinado; en el mismo supuesto de conservación, ensacado o introducción en cajas de las plantas intervenidas; el traslado al ligar que se determine, y cualquier otra actuación similar relacionada con el desmantelamiento de la plantación y que determine el juez.

De esta manera, desde el Ministerio del Interior explican que las empresas adjudicatarias deberán disponer de la capacidad técnica y los permisos necesarios para realizar la actividad, acorde con la legislación vigente, debiendo permitir la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desarrollo de los servicios contratados, y siguiendo las instrucciones que en cada caso aquellas les pudieran indicar en relación con los trabajos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad. 

Además, deberán disponer de elementos suficientes de arrancado, máquinas de trituración, así como aportar sacos, plásticos y cajas de cartón -para llevar a cabo el correcto envasado-, medios de transporte, equipos de protección y seguridad necesarios conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Confidencialidad

En esta línea, la Secretaria de Estado de Seguridad advierte de que el adjudicatario ha de tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio, que incluirá de forma específica la no difusión de información a terceras personas. Así, todos los trabajadores de la empresa -tanto personal técnico como auxiliar- no deberán detallar datos tales como fechas y horas de la realización del servicio, as como cualquier otra información que pueda ser relevante.

Así, el Gobierno oferta y divide el contrato -cuyo valor total asciende a 719.664 euros- en cinco lotes; por áreas. En el caso de Málaga va unida a Granada, otra de las ciudades en la que más incautaciones de droga se practica, y el importe asignado es de 130.416 euros. El plazo de los contratos, que empiezan a contar desde febrero de este 2024, es de dos años.