Con potentes y lujosos vehículos para transportar la droga, cierta impunidad y una amplia cobertura legal para sortear los varapalos judiciales. Así se mueve el narco en el sur de España, en palabras de los investigadores, para mantener el negocio de la droga. “Luchamos con una gran descompensación de fuerzas que nos hacen perder. Juegan con reglas con las que siempre van a ganar. Ya perdimos el principio de autoridad hace años”, denuncia la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, Mariló Valencia, que reclama, entre otros, más vehículos todoterrenos uniformados en la Costa del Sol para evitar experiencias tan trágicas como las vividas este pasado fin de semana en Estepona y Algeciras, con dos guardias civiles y un policía embestidos por unos narcos. “Los compañeros iban en coches de Playmobil y, los delincuentes, en vehículos de alta gama”, critica la portavoz.

Los policías salen a las calles, según el SUP, con un déficit de 600 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Málaga. Echan en falta además mejores medios tecnológicos, “que no existen, están obsoletos” o distan de los que manejan los delincuentes. Y como ejemplo, la secretaria del sindicato se refiere a “unas simples gafas de visión nocturna” que vienen reclamando para trabajar de noche, sobre todo en la zona de La Línea y Algeciras. Otro hándicap, resalta, es la “parálisis en cuanto a los chalecos de protección”, dado que el año pasado “no se suministró ninguno” y este año aún no han llegado.

A esta situación se suman además las bajas que deja la crisis sanitaria del coronavirus, que también afecta al día a día de los agentes. Según las cifras que maneja el Sindicato Unificado de Policía –que ya corroboró la Comisaría provincial la semana pasada– unos 30 efectivos se han contagiado tras finalizar el estado de alarma, lo que ha derivado en que “casi 100 tengan que estar en cuarentena”. “Eso supone contar con menos personal. Además, en época estival, un tercio de las plantillas está de vacaciones, por lo que el volumen de trabajo es mayor”, explica Mariló Valencia.

Vehículo de la Guardia Civil embestido

El análisis de la escalada de la violencia del narco que hace el sindicato Jusapol, en declaraciones a este periódico, es similar. Su representante, Miguel Millán, aboga por crear leyes “más agresivas” contra las bandas organizadas y “respuestas más contundentes”. Denuncia que los narcos “se han tomado la justicia por su mano y están atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la forma más bestial y sin miedo”. 

Reclama “un cambio de normativa y un blindaje más legal para los que están en la calle para servir al ciudadano”. “Si no tenemos esa protección actuamos con miedo. Tenemos que decidir en unos segundos lo que un juez tarda años en dictar”, remacha Millán, que pide “mano dura” contra los traficantes, además de “medios más sofisticados”. “Vamos a lo barato y los narcos saben todos los movimientos”, destaca. 

"Los narcos se han tomado la justicia por su mano y están atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la forma más brutal y sin miedo"

A su juicio, el confinamiento por la pandemia del coronavirus puede ser una posible causa a la resistencia agresiva contra los agentes, después de un parón que ha mermado su actividad. “Era muy difícil mover la droga. Hay desesperación y mucho desempleo. Dan órdenes para que ataquen”, sostiene. 

Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga, temen que los narcos acaben “a tiros” con los propios agentes porque “tienen que proteger como sea la droga”. El colectivo reclama mayor protección jurídica e insiste en la importancia de atacar la financiación de estas bandas criminales. “Si quieres coger a un traficante de medio pelo, vas a por la droga, pero para hacer daño hay que ir a por el dinero”, subrayan.

Asimismo, el sindicato denuncia que no se han desplegado refuerzos de guardias civiles en "zonas calientes" como Mijas, con una población de 80.000 habitantes y 148 kilómetros por metro cuadrado, Benahavís y Manilva. Tampoco se han destinado más efectivos al Servicio Marítimo, pese a tener "un alto volumen de trabajo".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció ayer sobre las demandas de los sindicatos y afirmó que estas implementaciones se están llevando a cabo de forma continuada desde hace dos años y seguirán creciendo, con una partida de 18 millones de euros contemplada dentro de la partida de 48 en la segunda fase del plan.