El PP de Málaga presenta una moción relativa a vehículos extranjeros relacionados con la Zona de Bajas Emisiones

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado de cara al pleno de enero una moción relativa a las sanciones a vehículos extranjeros relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en concreto, a la "problemática que está afectando de manera significativa a la aplicación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones en todas las ciudades españolas".

Tal y como ha detallado la formación en una nota, se refieren a las "serias dificultades" que existen para "controlar y denunciar los accesos indebidos de los vehículos que no estén matriculados en nuestro país". En este sentido, y "pese a que hay quien interesadamente ha hecho creer que se trata de un problema que únicamente afecta a nuestra ciudad", han asegurado que esta situación "es idéntica en todos los municipios españoles".

Asimismo, han aclarado que, por transparencia y "para evitar la desinformación", el Ayuntamiento de Málaga dispone de plena cobertura normativa y de los medios técnicos necesarios para la detección, registro y constatación formal de las infracciones cometidas por vehículos extranjeros en la ZBE que ha implantado en cumplimiento de una obligación legal impuesta por el Gobierno de España".

Al hilo, han concretado que la Ordenanza Municipal de Movilidad tipifica expresamente como infracción grave el acceso y/o circulación por la ZBE con vehículo no autorizado y "dicha tipificación resulta plenamente aplicable a todo vehículo, con independencia de su nacionalidad, país de matriculación o residencia de su titular". Por tanto, han considerado que "no existe vacío normativo en nuestra ciudad: la ordenanza no discrimina entre vehículos españoles y extranjeros y aplica a todos el mismo trato, en el plano normativo".

La formación ha matizado que el problema a la hora de denunciar a los vehículos extranjeros cuyos conductores cometen infracciones administrativas "radica en que el intercambio transfronterizo de información sobre tráfico en la Unión Europea" --la posibilidad de acceder a los datos de los conductores extranjeros para enviarles la sanción-- se rige por la Directiva (UE) 2015/413.

En concreto, esta norma es de "catálogo cerrado", lo que significa que los países solo están obligados a facilitar los datos de sus ciudadanos cuando cometen ciertas infracciones entre las que no está el incumplimiento de las restricciones de acceso ni ningún otro incumplimiento relacionado con la ZBE, por lo que los consistorios españoles "no disponen de la herramienta legal para identificar automáticamente a un titular extranjero por entrar en la ZBE sin autorización para ello".

Así, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha precisado que "la imposibilidad actual de ejecutar denuncias, y sus correspondientes sanciones, a titulares de vehículos extranjeros por acceso indebido a la ZBE no deriva, por tanto, de una insuficiencia normativa o técnica municipal, sino de una limitación legal de ámbito estatal".

En este sentido, han afirmado que la llave para que los ayuntamientos "podamos sancionar a infractores extranjeros en materia de ZBE la tiene el Gobierno central", en concreto, con "la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2024/3237, de 19 de diciembre de 2024, amplía expresamente el ámbito del intercambio de información y de la ejecución sancionadora a las infracciones relativas a las restricciones de acceso a ZBE, pero el Gobierno central tiene que trasponerla al ordenamiento jurídico español antes de julio de 2027 para que los consistorios españoles tengamos ya legalmente la posibilidad de denunciar".

Por otro lado, han estimado que la implantación de las zonas de bajas emisiones "es una decisión del Gobierno central y no de los ayuntamientos, que se han visto obligados a acatar la normativa estatal". Ha sido, según el PP, "el propio Gobierno de España el que, en aplicación de normativa europea que persigue la reducción de la contaminación en las ciudades, impuso a los ayuntamientos la obligación de establecer las ZBE cuando no tenía solucionados flecos como el de la forma de articular las sanciones a vehículos extranjeros para no crear desigualdades y agravios que obviamente tienen que corregirse".

En relación, la formación ha afirmado que se da la circunstancia de que aquellas otras infracciones administrativas cometidas por vehículos extranjeros "en las que sí tenemos cobertura legal para denunciar porque se encuentran en ese catálogo cerrado al que hacíamos referencia con anterioridad, podemos cobrarlas en vía voluntaria", pero no en vía ejecutiva ya que la normativa estatal que regula esto impide que los ayuntamientos "apliquen la vía ejecutiva con personas que no residen en nuestro país".

Ante ello, han aclarado que, de acuerdo a la normativa de aplicación en materia recaudatoria, contamos con las limitaciones que establece el art. 8.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que limita las competencias de los ayuntamientos a sus respectivos términos municipales, estableciendo que "las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los ingresos de derecho público propios de ésta, serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación".

En definitiva, para el PP de Málaga se produce una "clara discriminación" entre los conductores de vehículos españoles y aquellos otros que circulan por nuestras vías con una matrícula extranjera, a los que podemos sancionar pero no forzar a que abonen dicha sanción.

En este sentido, se hace necesario que se emprendan las iniciativas legislativas necesarias y oportunas para permitir, en el más breve plazo de tiempo posible, para hacer posible el cobro en vía ejecutiva de las sanciones a aquellos vehículos extranjeros que podemos denunciar, "pero cuyas sanciones no se llegan a cobrar en la mayoría de los casos al no haber herramienta legal para forzar su cobro".