El pasado 23 de septiembre, sólo unos días después de que se hubiese destapado en prensa que la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) se había iniciado un protocolo de acoso contra su gerente, Manuel Díaz Guirado, se celebró un Consejo de Administración del que fue parte principal el procedimiento. En el mismo, las empresas privadas que tienen parte del accionariado de Smassa, Unicaja (24,5%) y Empark (24,5%) optaron por continuar con las obras en el aparcamiento de Pío Baroja en tanto se resolvía el protocolo de acoso. 

En el acta del día, a la que ha tenido acceso Málaga Hoy, tanto Javier Juan Cervantes (Unicaja) como Antonio Jiménez (Empark) reconocen sus dudas y desconocimiento al respecto del proceso –del que fueron conocedores mediante la prensa, ya que no deben ser informados para garantizar la independencia del mismo– y optar por continuar con las obras, al entender que es lo mejor para la ciudadanía. 

Cervantes, en su intervención es quien pide que sea un técnico externo el que "pudiera dar una opinión y decir cómo se han ido certificando en función de la obra y verlo en el Consejo sobre todo porque esta es una empresa mixta, antes de trasladarlo al accionariado, y en función de eso tener los elementos necesarios para adoptar decisiones". Antes, había señalado que según apuntaba la jefa técnica que había iniciado el proceso de acoso "podría haber habido alguna irregularidad en la gestión de Pío Baroja, e incluso (...) en la adjudicación". 

Este Consejo de Administración se celebró antes de que Trinidad Rodríguez, la jefa técnica de Smassa, compareciese en el Pleno de Málaga, afirmando que se negó a "pasar líneas rojas que me habrían llevado a la cárcel", añadiendo haber recibido presiones en este sentido. 

Por su parte, el consejero Jiménez, consideró, siempre según el citado acta, que "paralizar las obras en tanto en cuanto se investigue y se lleguen a conclusiones, tendría muchos perjuicios para la Smassa desde el punto de vista de económico. Paralizar unas obras tiene repercusiones graves, sobre todo para la ciudadanía, malagueños, que se van a ver con una obra eternizada". 

A su entender, continúa, "las dos cosas –la comisión de acoso y el seguimiento de los trabajos– son independientes, una y, basándose en la presunción de inocencia, habrá que investigarla y ver las conclusiones, y la otra debe seguir el curso normal del ejercicio de la actividad de la empresa, que en este caso supone concluir lo antes posible el aparcamiento, por el interés económico de la sociedad y por el interés de los vecinos de la zona". 

A esto se añade la petición de algunos de los consejeros de devolver a Trinidad Rodríguez el puesto de trabajo que tenía anteriormente –denunciaba una modificación en sus asignaciones al ser desdoblado el departamento de Obras que dirigía y encargársele a Rodríguez el de proyectos, lo que la alejaba de los trabajos de Pío Baroja–. En este sentido tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (presidente del Consejo), como los privados, optaron por no hacer ningún movimiento ya que "se estarían cerciorando las atribuciones el gerente". Todo esto, al menos, hasta que la comisión de acoso se resuelva. 

Cabe recordar que Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre  2007 y 2011. Guirado fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que –según dijo– había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".