Sanitarios de Málaga piden al SAS que aleje a los agresores de los centros en los que insulten, amenacen o peguen

Rara es la semana en la que no hay concentraciones a las puertas de un centro sanitario para reprobar una agresión a los profesionales. Según los datos del registro autonómico, el año pasado se registraron 318 ataques físicos o verbales contra el personal en la provincia de Málaga. Supone casi una diaria y un 14% más que las 278 contabilizadas en 2023. Por eso profesionales y sindicatos urgen a la Administración sanitaria autonómica a aplicar multas y medidas “realmente eficaces” que frenen ese incremento. Entre ellas, insisten en proponer el alejamiento de los agresores de aquellos centros en los que amenacen, insulten o peguen al personal. En definitiva, que –más allá de la condena penal– por la vía administrativa tengan que afrontar un castigo económico como en el caso de las infracciones de tráfico y deban desplazarse más lejos para recibir asistencia. Porque, advierten, a la luz de los datos, las medidas que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aplica en la actualidad, “no son suficientes ni eficaces”.

El secretario del Sindicato de Enfermería (Satse) en Málaga, Juan José Sánchez, dice que “el SAS se inhibe” y deja la responsabilidad de denunciar al trabajador afectado. “Así que, tras poner la denuncia, en la que vienen todos sus datos personales incluido su domicilio, el agredido tiene que volver a encontrarse en el juicio con su agresor”, advierte. Por ello, tras volver a reivindicar que el SAS se persone de oficio en estas causas, asegura que los profesionales se sienten “indignados y abandonados”.

Sánchez insiste en que las agresiones en los centros sanitarios se tipifiquen como “alteración del orden público” –una consideración que agravaría las penas– ya que no sólo sufren sus efectos los profesionales amenazados, insultados o atacados, sino todos los pacientes puesto que su actitud repercute de forma negativa en la rutina asistencial. El representante de Satse argumenta que “si hay que cambiar la ley, que se cambie” y que si hay que aplicar “otras medidas” más contundentes, que se pongan en marcha. Y concluye: “Le pedimos a los políticos que se dejen de condenas públicas y hagan algo efectivo”.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, también se muestra muy crítico ante el incremento de casos: “A mitad de este año hemos alcanzado la treintena de agresiones a facultativos, que son las mismas que en todo 2024. El segundo agresor es la propia Administración que no hace nada”.

Tanto Satse como SMM reprochan además la falta de reuniones a nivel provincial de la mesa para abordar las agresiones. Teresa Valle, delegada de prevención de riesgos laborales del Sindicato Médico, matiza que en realidad esos encuentros se realizan de forma periódica con la participación de la Delegación de Salud, las fuerzas de seguridad y los representantes de la judicatura; aunque sin la presencia de los sindicatos, que son los que representan a los profesionales de los centros sanitarios; es decir, a los agredidos pasados o futuros. “Es indignante, no se escucha a los trabajadores”, lamenta Martín. Valle puntualiza que la exclusión sindical de esas reuniones lleva ya más de dos años.

Según los datos del Registro de Incidentes y Agresiones en Centros Sanitarios de Andalucía (RIAC), en 2019 en la provincia de Málaga se notificaron 323 ataques físicos o verbales. Durante la pandemia, debido al confinamiento, las cifras bajaron. En 2020 se contabilizaron 186 y en 2021, 187. Pero a partir de entonces comenzaron a subir. En 2022 se notificaron 268, en 2023 otras 278 y en 2024 un total de 318. De éstas, 69 fueron físicas y 249 verbales. De modo que, desde 2021 llevan cuatro años sin parar de crecer. Según los datos del registro andaluz, tres de cada cuatro agresiones (72,45%) se cometen contra mujeres.

Salud prepara un régimen sancionador y precisa que Málaga tiene 6.700 dispositivos de seguridad

Frente las reiteradas quejas de los sindicatos, la Consejería de Salud defiende sus medidas. Recuerda que está preparando un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. Esta normativa recogerá infracciones y sanciones frente a las agresiones en el ámbito sanitario. Respecto a la provincia, la Administración detalla que cuenta con más de 6.700 dispositivos de seguridad, entre ellos 592 cámaras y 170 alarmas individuales. Además, según sus datos, durante el año pasado, los letrados del SAS hicieron en Málaga 33 asistencias, en las que lograron 15 sentencias condenatorias, siete de ellas tipificadas como delito de atentado.

Salud destaca también el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que contempla el profesional guía para acompañar a los profesionales agredidos , "canales ágiles y rápidos" para que la víctima no esté sola tras sufrir un ataque verbal o físico, atención psicológica y el refuerzo de las medidas de seguridad. Apunta que entre las últimas medidas están las alarmas individuales, que "están obteniendo buenos resultados".

Los datos facilitados por la Administración precisan que en la provincia de Málaga, además de 592 cámaras y 170 alarmas individuales, hay 23 GPS en ambulancias, 139 interfonos, 539 salidas alternativas, 2.170 software antipánico, 1.385 teléfonos, 23 timbres instalados en ambulancias, 1.393 en consultas y 21 controles de acceso. Salud también resalta el Observatorio de Agresiones. Y pone en valor su gestión recordando que la Consejería cuenta con un Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones aprobado en febrero de 2020, uno de cuyos objetivos es implementar la coordinación entre los interlocutores sanitarios, de fuerzas de seguridad y los directivos de los centros de cada provincia. "Este grupo de trabajo realiza reuniones periódicas y continuadas a las que asisten las personas designadas por cada uno de los colectivos implicados", asegura.