Taxistas de Málaga denuncian dos atracos con armas en una semana y reclaman cámaras de seguridad

El sector del taxi en Málaga ha alzado la voz tras sufrir dos atracos armados en apenas una semana. En palabras del presidente de la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, dos trabajadores de la capital han sido asaltados a punta de pistola mientras prestaban servicio, lo que ha generado entre los trabajadores una creciente sensación de inseguridad. Reclaman, así, ayudas económicas para la instalación de cámaras de seguridad en sus vehículos, con un coste de 800 euros, que algunos taxistas ya han decidido pagar de su bolsillo.

Los últimos asaltos han sido perpetrados, supuestamente, por jóvenes que se subieron al taxi y atacaron al conductor al llegar a su destino, en Palma-Palmilla. En uno de los casos se utilizó un arma de fuego y en otro un arma blanca de grandes dimensiones. Ante el temor que estos episodios violentos les ha generado, el colectivo que los representa ha presentado dos escritos formales reclamando apoyo institucional para reforzar su seguridad. Por un lado, la Confederación de Taxis de la Costa del Sol ha dirigido un escrito a la Consejería competente en materia de Transportes de la Junta de Andalucía. Por otro, la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) ha trasladado su petición al Ayuntamiento de Málaga.

En el comunicado remitido al Consistorio, los conductores muestran su “preocupación por los recientes atracos", que, consideran, "ponen en grave riesgo la integridad física de los profesionales” y afectan a un servicio público esencial para la movilidad urbana.

Trabajadores “en solitario, de noche y en condiciones vulnerables”

La asociación recuerda que el taxi es un trabajo que se desarrolla de forma individual, a menudo en horario nocturno, lo que incrementa la exposición a situaciones de riesgo. Por ello, considera imprescindible reforzar las medidas de seguridad preventiva, entre ellas la instalación de cámaras de videovigilancia en los vehículos, una medida que califican de “eficaz y disuasoria” y útil también para la labor policial en la investigación de delitos.

También la asociación ha remitido un escrito a la Junta de Andalucía en el que traslada su zozobra por lo sucedido, y subraya el elevado coste de los sistemas de videovigilancia, que pueden rondar los 800 euros según el modelo, algo que supone un obstáculo para muchos profesionales. Piden, al respecto, la implicación de las administraciones públicas mediante líneas de ayudas. Entre sus peticiones a la administración autonómica solicitan la puesta en marcha de subvenciones para cámaras homologadas, el estudio de medidas normativas específicas y la coordinación con ayuntamientos y cuerpos de seguridad.

El portavoz de estos profesionales insiste en el impacto psicológico que sufren: “Cuando un cliente se sube y dice que va a una zona de exclusión social, el cuerpo ya se nos cambia, sobre todo si después nos apuntan con una pistola”. Añade que las cámaras de seguridad cuentan con sistemas de grabación "a los que no puede acceder cualquiera" y que las imágenes pueden entregarse a la Policía en caso de delito.

En este sentido, AUMAT solicita al Ayuntamiento de Málaga la creación de un programa de ayudas o subvenciones municipales para la instalación de sistemas de videovigilancia en los taxis, el impulso de medidas complementarias en coordinación con la Policía Local y la apertura de una vía de diálogo con el sector para abordar soluciones conjuntas.

El representante del sector recuerda además que en otras comunidades y países europeos existen ayudas públicas para la colocación de estos dispositivos. “En Galicia, por ejemplo, se dio dinero para que los taxistas instalaran cámaras. En países como Finlandia todos los taxis las llevan”, remacha.