Vecinos crean un movimiento ciudadano en contra de la privatización de la antigua prisión de Cruz de Humilladero, en Málaga

Los vecinos de Cruz de Humilladero no renuncian a que la antigua prisión provincial de Málaga sea un gran centro social y cultural, que albergue entre otros espacios, una residencia de mayores, y no un centro privado de Formación Profesional (FP) como pretende el Ayuntamiento, que está últimando el pliego de condiciones para sacar a concurso su cesión a una empresa. En su empeño por que el edificio no sea privatizado, han creado una plataforma ciudadana bajo el nombre de Movimiento Por la Antigua Prisión (MAP) con el que hacen un llamamiento más allá del barrio, a todos los malagueños, para que se movilicen. Para ello, han convocado una asamblea para este miércoles, 26 de noviembre, a las 19:00 horas en el IES Romero Esteo.

La historia de la vieja cárcel, ubicada en el número 24 de la avenida Ortega y Gasset, es larga. No solo por lo que su pasado implica para la memoria democrática de toda la provincia, sino porque han pasado 13 años desde que el Gobierno central cedió la prisión al Ayuntamiento y el edificio aún sigue cerrado, sin rehabilitar y, por supuesto, sin uso. Todo ello, a pesar de que en la última década han planeado sobre él distintos proyectos, el más conocido el de convertirlo en un gran centro cultural, una iniciativa que se bautizó como Distrito 6, por el que el alcalde, Francisco de la Torre, prometió en 2018 una especie de factoría cultural que estaría funcionando en 2022.

Lejos de eso, desde 2024 los planes del Consistorio para la antigua prisión provincial son cederla a un privado para que la convierta en un centro de FP. Los vecinos se oponen en rotundo, alegando que no es lo que el barrio necesita. "No hace falta", critica Antonio Vega, presidente de la asociación de vecinos La Cooperación, uno de los colectivos que impulsan el MAP, quien subraya que "en Cruz de Humilladero tenemos nueve centros de FP, no nos hacen falta más, y menos privado".

Sobre la mesa, Urbanismo ya tiene una propuesta en firme de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), aunque el Ayuntamiento hará un concurso público al que podrán presentarse todas las empresas interesadas. Cabe recordar que antes de la propuesta de la Universidad Alfonso X El Sabio, este inmueble motivó el interés de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que no fructificó. Fuentes municipales consultadas por este periódico afirmaron que este proyecto -el centro privado de FP- sigue adelante, y que los técnicos de Urbanismo están redactando el pliego de condiciones para la concesión demanial del edificio, que conllevará su rehabilitación -trabajos que en su día se llegaron a valorar en 24 millones de euros-. Una vez que el pliego esté listo, pasará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. Oficialmente no hay un plazo para esto, pero la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, expresó hace poco que su deseo era que las bases fuesen públicas antes de final de año.

En esta línea, en el escrito de convocatoria de la asamblea vecinal de este miércoles, se advierte de que "abrir la puerta del barrio a los fondos de inversión supone el principio del fin de este tal y como lo conocemos, supone entrar en un proceso que acaba expulsando a los vecinos, como ya hemos visto en otros barrios de la ciudad". "Rechazamos la inversión pública en enseñanza privada, como quiere hacer el Ayuntamiento en este espacio", agrega el documento.

Los vecinos, que no descartan llevar a cabo protestas o recogidas de firmas en contra de esta privatización, aluden a un acuerdo plenario de 2009 según el cual las instalaciones del antiguo penal se destinarían a "usos sociales y a la creación de un centro de la Memoria Democrática". Un acuerdo que -dicen- "actualmente contradice el Ayuntamiento con su decisión unilateral".

Así, entre sus reivindicaciones está la de que el edificio, que cuenta con unos 14.000 metros cuadrados, se convierta en un centro social comunitario, con espacios para las personas mayores y para los jóvenes, en consonancia con el famoso Distrito 6. Además, el presidente de la asociación de vecinos insiste en que parte de las instalaciones de la antigua prisión se destine a abrir una residencia para mayores, de carácter público, que sea al mismo tiempo centro de día. "En Málaga solo hay una pública y está en El Palo, y en la zona donde más mayores hay es entre Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz", señala Vega, que pide que sean los vecinos los que "valoren si quieren un centro de formación privado o una residencia pública para mayores". Lamenta, además, que ninguna de las propuestas de los vecinos hayan sido atendidas, y menciona, a modo de ejemplo, que en varias ocasiones han pedido en la Junta de Distrito "que nos dejen usar los patios para nuestros huertos urbanos", sin éxito. También se reclama allí un espacio para la banda de música.

La prisión de Cruz de Humilladero, lugar de Memoria Histórica de Andalucía

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con la memoria del edificio, reconocido en 2014 como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, por ser uno de los centros de la represión de la dictadura durante la Guerra Civil y la posguerra.

Fue el 13 de octubre de 1933 cuando esta cárcel abrió sus puertas. La historiadora Raquel Zugasti, miembro de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga -que también forma parte de la plataforma MAP-, explica que fue Victoria Kent, directora de Prisiones durante la República, la que le dio el impulso definitivo a la prisión, introduciendo un "pensamiento humanista en el trato a los presos", eliminando, por ejemplo, los grilletes.

Durante la Guerra Civil, la prisión acogió primero a miles de presos próximos al alzamiento militar y, hasta que en febrero de 1937 Málaga cae en manos de las tropas de Franco. Desde entonces y hasta la muerte del dictador, la cárcel se convierte en el centro de la represión. "No solo era gente que entra por motivos políticos, también son represaliados por pertenecer a minorías, como los homosexuales, en aplicación de la ley de vagos y maleantes", recuerda Zugasti. En definitiva, por allí, según datos de la asociación, pasaron más de 30.000 personas, muchas de las cuales acabaron siendo fusiladas en el cementerio de San Rafael.

Ya en democracia, en los ochenta la prisión de Cruz de Humilladero fue testigo también de los años de la droga, de los estragos que hizo la heroína. "Entran presos por trapicheo y los vecinos ven cómo se lanza la droga por encima de las tapias", relata la historiadora, que recuerda que el inmueble sufrió también un atentado de ETA, que en 1991 hizo explotar allí un coche bomba. Después los presos fueron trasladados a la prisión de Alhaurín de la Torre, hasta su cierre definitivo en 2009.

"El proyecto del Ayuntamiento vuelve a ser privatizar un edificio público, en un barrio que además no tiene prácticamente equipamientos públicos y donde escasean los parques", critica Zugasti, que incide con esto en que la batalla por la antigua prisión provincial "no es solo por la historia, sino también por el modelo de ciudad, un modelo donde pretenden privatizarlo todo".