Jamal Satli Iglesias, presidente del grupo hotelero BlueBay, ha aparecido como imputado dentro de la instrucción del caso Astapa, tal y como adelantó Deportes COPE Málaga y pudo corroborar este diario. El empresario forma parte de una de las mayores tramas de corrupción relacionadas con urbanismo y política en España. Se le atribuye un supuesto delito de cohecho activo y se solicita un año de prisión y 6.000 euros.

Hay que recordar que Jamal Satli Iglesias, a través de la sociedad Management Empresarial, es poseedor del 49% de las acciones de la sociedad NAS Spain 2000 en sociedad con el jeque Abdullah Al-Thani, con el 51% dentro un paquete de títulos que comprendían la mayoría del Málaga CF. El litigio entre ambas partes dura años y se encuentra en su fase definitiva a la espera de lo que se dictamine tras el recurso de casación que presentó la defensa de los cataríes.

Dentro de su ofensiva para conseguir el control del Málaga, la hotelera fraguó una alianza con Luot Gestion (Daniel Pastor) en la que acabó entrando de lleno el Ayuntamiento de Málaga, presentando un escrito conjunto a la jueza en la que se maniobra para tratar de quitar el control de la sociedad a José María Muñoz. La jueza Ruiz González va a escuchar a las partes el próximo 21 de abril. Pero no cabe duda de que Iglesias tiene cuestiones mucho más importantes que resolver.

El jeque Al-Thani también quiere el poder

Abdullah Al-Thani solicitó el pasado mes de febrero mediante un escrito enviado a la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga que le devuelva la gestión de esta entidad y de las tres sociedades vinculadas que también están intervenidas. Suplicó que se tuvieran en cuenta por "realizadas las alegaciones contenidas en el cuerpo del mismo" y, en atención a las mismas, "acuerde la revocación de la administración judicial impuesta actualmente respecto de las sociedades Málaga Club de Fútbol, Nasir Bin Abdullah & Sons, S.L., Nas Spain 2000, S.L. y Nas Football, S.L. y la devolución de su gestión".

Novedades del caso Astapa

Exfuncionarios del Ayuntamiento de Estepona han negado este martes en el juicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística que hayan recibido presiones en trámites de licencias, y han asegurado que en todos los asuntos siempre se imponía el criterio técnico.

Durante la vista oral han declarado varios testigos, exfuncionarios y arquitectos, y todos han señalado que no les consta que desde el Gabinete de Alcaldía se presionara a nadie para conceder licencias administrativas, así como tampoco que se recibieran contraprestaciones por las mismas.

Las claves del caso Astapa

El caso Astapa, sobre presunta corrupción en Estepona, es uno de los mayores casos de corrupción política y urbanística en la Costa del Sol, con una instrucción que suma 351.114 folios y 774 tomos. Esta macrocausa da el pistoletazo de salida este lunes, 9 de enero, dieciséis años después del inicio del procedimiento. Lo hace con 50 acusados sentados en el banquillo, entre exconcejales, empresarios y empleados municipales, siendo el más conocido el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos; las penas solicitadas para todos ellos suman más de doscientos años de cárcel.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.