Ciudadanos ha paralizado las negociaciones para la moción de censura junto al PP en Nerja, que desbancaría de la Alcaldía al PSOE, hasta que los populares no aparten a José Miguel Jimena, uno de los concejales investigados por el caso del vertedero ilegal de este municipio.

Los diez concejales del PP suscribieron ayer un acuerdo con Ciudadanos y firmaron el texto de la moción de censura, que quedó a falta de la rúbrica de la única edil de la formación naranja, Mari Carmen López, para su registro en el Ayuntamiento.

Fuentes de Ciudadanos han informado a Efe de que no apoyarán la moción que arrebataría la Alcaldía al PSOE, que gobierna en minoría desde junio de 2015, hasta que el PP no resuelva la situación de Jimena, que ha ocupado en gobiernos anteriores responsabilidades en el área de Medio Ambiente.

Desde el PP, han manifestado que el código ético de esta formación no permite apartar a nadie hasta la apertura de juicio oral, y han matizado que Ciudadanos era consciente de que se está investigando a determinados ediles de Nerja y pese a ello, ayer envío el documento para la firma de la moción.

Una treintena de personas, entre empresarios y cargos públicos, están siendo investigadas por un presunto fraude en la gestión de residuos de la construcción en un vertedero ilegal en Nerja.

La Guardia Civil explicó el pasado junio que a los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

En el proceso están siendo investigados la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), y los ediles José María Rivas (PSOE), y Jorge Bravo (IU), además de otros concejales de anteriores gobierno del PP, caso de Jimena.

Por el momento, el único que ha sido citado a declarar en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, en calidad de investigado, ha sido Jimena, el próximo 29 de noviembre.

Los otros ediles ya prestaron declaración ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, mientras que en el caso de los empresarios, la pasada semana comenzaron las declaraciones en sede judicial.

La denominada operación Rubbish, realizada bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, se inició en agosto del año pasado, a raíz del vertido ilegal e incontrolado de residuos en una antigua cantera situada en un parque natural