Estepona

Detenido ebrio un exconcejal de Estepona imputado por el caso Astapa

  • Ingresó en prisión el domingo tras comprobar que sobre él pesaba una requisitoria judicial

  • La Policía Local lo encontró dormido en el interior del coche con las luces encendidas

El exconcejal de Estepona, Manuel Reina, en una imagen de archivo.

El exconcejal de Estepona, Manuel Reina, en una imagen de archivo. / M. H.

El exconcejal de Economía en Estepona, Manuel Reina, imputado por el caso Astapa y sobre el que pesaba una requisitoria, ha sido detenido este pasado fin de semana por la Policía Local de Málaga tras dar positivo por alcohol cuando, al parecer, se encontraba dormido sobre el volante del coche que conducía. Según ha podido saber este periódico, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, en la calle Hoyo de Esparteros de la capital malagueña, después de que un vigilante de seguridad alertara a la policía de que un conductor, aparentemente ebrio, había arrollado con su vehículo una valla al intentar salir del recinto en el que estaba aparcado.

Cuando los agentes llegaron al lugar del incidente, estos se lo encontraron dormido sobre el volante, con las luces y el motor del coche encendidos, según confirmaron las fuentes consultadas por este periódico. Tras despertarlo, el Grupo de Investigación Accidentes y Atestados (GIAA) le realizó una prueba de alcoholemia, que arrojó una tasa de 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el triple de lo permitido, por lo que fue trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga para tomarle las huellas.

Los agentes lo localizaron dormido sobre el volante, con las luces encendidas, después de haber arrollado con su coche unas vallas

Fue entonces cuando, pese a su negativa a colaborar, los agentes comprobaron que sobre él pesaban dos órdenes de detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial, aunque no ha trascendido de qué delitos se trataba, por lo que fue puesto a disposición del juzgado de guardia para tomarle declaración, el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, cuyo titular ordenó su inminente ingreso en prisión por las reclamaciones que tenía pendientes por la justicia y no por el presunto delito contra la seguridad vial por el que fue detenido inicialmente.

El exconcejal del Partido Estepona (PES) ya estuvo en la cárcel durante seis meses de forma provisional en el año 2008 por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo y fraude, dentro de la investigación del mayor caso de corrupción urbanística del municipio, el caso Astapa. Junto con el exalcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, su socio de gobierno, José Ignacio Crespo, el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores y un técnico municipal fue de los primeros en entrar en prisión por esta causa hace diez años. En 2017 se negó a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona que lo había citado para que prestara declaración.

Reina ya estuvo en la cárcel durante seis meses de forma provisional en 2008 por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo y fraude

Desde que el proceso se iniciara hace once años más de cien personas han sido investigadas en el procedimiento. La operación Astapa se destapó el 17 de junio de 2008 tras la denuncia presentada por los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez. En este caso se investiga una presunta estructura de corrupción municipal orientada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas por parte de los partidos entonces en el gobierno, la coalición formada por PSOE y PES.

Durante todo el proceso se han detenido a cargos políticos, entre ellos el alcalde, y concejales, así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales, llegando a haber más de cien personas investigadas. En esta causa se han investigado los delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias y actividades profesionales prohibidas, entre otros.

La investigación se centra principalmente en el ámbito del urbanismo, fundamentalmente en los aprovechamientos de los convenios urbanísticos, si bien también alude a presuntas irregularidades en la contratación y en materia de financiación, no solo de partidos que estaban en coalición sino del Ayuntamiento.

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