La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha defendido este jueves los contratos de obras celebrados entre el Ayuntamiento y empresas salpicadas por la ‘trama sueca’, en la que está procesado su hijastro, Joakim Broberg, para el que el fiscal ha pedido 22 años de prisión y 30 millones de euros por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas. 

Así lo ha destacado la regidora hoy a preguntas de los periodistas en la una visita que ha realizado a la Feria de Empleo, donde ha vuelto a desvincular el caso, que investiga la Audiencia Nacional, de la gestión que realiza el Consistorio marbellí. 

“No solamente lo defiendo yo, es que lo ha defendido también desde el primer momento la Fiscalía, que lo han llevado una y otra vez”, ha declarado la primera edil en torno a las denuncias del PSOE. “Es intentar hacer de un auto del mes de octubre una cuestión política que absolutamente, una y otra vez lo repetiré, no tiene que ver con este Ayuntamiento ni tampoco conmigo”, ha recalcado. 

Respecto a las explicaciones que pedía ayer el secretario de Organización provincial del PSOE de Málaga, José Bernal, sobre la relación del Ayuntamiento con estas sociedades, Muñoz ha apuntado que “cada vez que hay una campaña electoral siempre sacan lo mismo y el PSOE hizo mal”. 

“Yo creo que el PSOE tiene que pensar que perdió dos concejales, precisamente por no trabajar y centrarse en esa campaña”, ha referido respecto a los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, resaltando que “ahora hay una campaña en Galicia y espero que mi compañero Rueda saque la mayoría absoluta, como se merecen los gallegos”. 

Escrito de acusación

Esta semana se ha dado a conocer el escrito de acusación del fiscal, en el que pide para Joakim Broberg 22 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, contra la salud pública y de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Según la Agencia Efe, de las pesquisas se desprende que tras diferentes operaciones el hijastro de la alcaldesa y sus colaboradores blanquearon de manera presunta más de siete millones de euros, con sus actividades empresariales y de inversión en el sector inmobiliario y en la venta de oro. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que se le condene a 30 millones de euros de multa. 

La pena mayor que solicita el fiscal para el hijastro de Muñoz es de once años de cárcel e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por un supuesto delito contra la salud pública, relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud cometido en el seno de una organización de la que era el jefe y que estaba integrada por una treintena de miembro, según publicó El País. 

Por presunto delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, se pide una pena de siete años de prisión y una multa de 30 millones de euros e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El fiscal también solicita para Broberg cuatro años de prisión por cohecho, multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio por diez años, el mismo castigo que reclama para el funcionario de la Policía Local Rafael Gallego.