Condenan al ex edil de Marbella Carlos Fernández, fugado 20 años, a indemnizar al Ayuntamiento con casi 260.000 euros

El exconcejal marbellí Carlos Fernández, fugado durante casi dos décadas tras la Operación Malaya, ha sido condenado a una multa de 4.095 euros y a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con 258.678,31 euros en el marco del caso Saqueo II, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos ante la Audiencia Nacional.

La vista se celebró este miércoles ante la Sección Tercera de lo Penal, donde el Ayuntamiento de Marbella reclamó la citada cantidad en concepto de responsabilidad civil, una petición con la que Fernández se mostró conforme.

Durante la sesión, el presidente del tribunal le preguntó si se consideraba autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental continuada. “Sí”, respondió el exedil, que también aceptó expresamente las penas solicitadas por las acusaciones. Con su admisión, las partes renunciaron a la celebración del juicio, y la sentencia quedó firme al no ser recurrida.

El acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción rebajó notablemente las penas iniciales, que contemplaban un año y medio de prisión por malversación y tres meses por falsedad documental. Finalmente, la condena se tradujo en multas equivalentes a tres años, seis meses y tres meses, con una cuota diaria de tres euros, lo que suma un total de 4.050 euros.

El caso Saqueo II investiga las irregularidades cometidas en la gestión del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1999, con un desvío de alrededor de 70 millones de euros a través de empresas públicas y privadas, además de un fraude a la Seguridad Social estimado en 91 millones.

En 2013, la Audiencia Nacional condenó por esta causa al exalcalde Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, ambos por malversación de caudales públicos.

Fernández, que había permanecido en paradero desconocido desde 2006, se entregó el pasado 29 de octubre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Argentina, donde residía desde hace años. Su entrega fue fruto de un acuerdo con la Fiscalía, tras años de una situación judicialmente incierta: en 2017 fue detenido en Argentina, pero la Corte Suprema de ese país denegó su extradición en 2022, dejándolo en un limbo legal al carecer de documentación válida para permanecer allí.

El exedil escapó cuando se inició la segunda fase de la Operación Malaya, asegurando entonces que se encontraba en Galicia haciendo el Camino de Santiago y que regresaría “de inmediato” si era requerido por la justicia. Nunca volvió.

Antes de su huida, Fernández había sido concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal durante el mandato de Jesús Gil, y posteriormente se integró en el Partido Andalucista (PA). En 2003, firmó la moción de censura que apartó de la alcaldía a Julián Muñoz y pasó a formar parte del gobierno de Marisol Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo, cargo del que fue destituido tras denuncias sobre la gestión económica de su área. Más tarde dimitió como secretario local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.