La Consejería de Universidad ha enviado al centro de estudios privado Marbella International University Center (MIUC) un requerimiento formal para que regule su situación administrativa, tras revelar que estuvo impartiendo clases sin la autorización de la Junta entre 2014 y 2021.

Así lo ha avanzado el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante su intervención en Comisión Parlamentaria, donde ha denunciado que la situación en la que se encuentra esta institución docente es fruto de "la dejación de funciones de los gobiernos socialistas".

Esta institución inició su actividad en 2014 impartiendo enseñanzas extranjeras de carácter universitario conforme a los títulos expedidos por la Universidad Singidunum de Belgrado (Serbia). Tras concluir la relación con dicha entidad, la MIUC desarrolla su oferta formativa en colaboración con la University of West London (Reino Unido).

La Junta, ha explicado el consejero, tuvo conocimiento de esta modificación a finales de 2023 en una reunión mantenida con los promotores del centro privado, en la que se les informó de que tenían que aportar toda la documentación pertinente para constatar que seguían cumpliendo con los requisitos necesarios para continuar con su actividad.

La Consejería de Universidad ha requerido ahora al centro de estudios marbellí que entregue, en el plazo de diez días, el nuevo convenio suscrito con dicha universidad inglesa o bien que aporte la información necesaria que permita aclarar cuál es su actual estado administrativo.

Informes desfavorables

Según Gómez Villamandos, el Centro Extranjero Marbella Internacional imparte clases desde 2014, a pesar de que la Junta no le autorizó el inicio de actividad hasta noviembre de 2021, una vez comprobado que cumplía todos los requisitos legales en vigor.

"Esta irregularidad se mantuvo por una clara dejación de funciones de los gobiernos socialistas al no llevar a cabo las facultades de inspección previstas en el artículo 18 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU)", ha señalado el consejero, que ha asegurado que su departamento está trabajando para resolver la situación.

Gómez Villamandos ha comentado asimismo que, desde 2014 hasta la aprobación de su actividad en noviembre de 2021, se produjo "un cúmulo de informes desfavorables" de la entonces Agencia Andaluza del Conocimiento que culminó con una resolución estimatoria en septiembre de 2020 del recurso de alzada presentado por la entidad.

Esa decisión estimatoria se tomó por "un defecto de forma", concediendo así finalmente la autorización al centro para impartir las enseñanzas correspondientes a títulos extranjeros con arreglo al sistema educativo vigente en la República Serbia.

Al respecto, Gómez Villamandos ha remarcado que, en los años 2016 y 2017, "la documentación que desde la Junta de Andalucía se envió a la Agencia para hacer los pertinentes informes estaba incompleta, dando como resultado informes desestimatorios que le impidieron en su momento valorar el proyecto del centro de forma correcta".

El consejero ha recordado que la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) que está elaborando la Junta contempla la puesta en marcha del cuerpo de inspectores encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad en este ámbito.

Se trata de una herramienta "imprescindible" para velar por la legalidad y evitar que se vuelvan a repetir situaciones irregulares como ésta, ha subrayado Gómez Villamandos.