El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, ha denunciado este jueves la solicitud realizada por dos concejales del Gobierno local con “dedicación exclusiva” en el Ayuntamiento de compaginar "ingresos privados" de su actividad con remuneraciones públicas de 62.900 euros, por lo que ha criticado que existe un “conflicto de intereses”, mientras desde el Ejecutivo municipal señalan que “no hay una incompatibilidad” en este sentido.

Así se ha referido el socialista a la petición de los ediles Mario Bravo del PP y Juan Carlos Cuevas de Vox, donde fue aprobada “la compatibilidad y la exclusividad de ambos” en el último Pleno, celebrado el pasado mes de febrero, con los votos de sus respectivos partidos y del edil de Por Mi Pueblo, ha recordado.

“Estamos ante una situación inédita y es que el conflicto de intereses entre ejercer un cargo público en el Gobierno con ser el administrador de fincas privadas en Mijas es algo que no se puede obviar, por lo que no se puede permitir ni autorizar de ninguna de las maneras”, ha exclamado Pérez.

El secretario de Organización del PSOE ha señalado que “hay antecedentes que declaran que no es compatible tener dedicación exclusiva, que alcanzan en este caso unas retribuciones de 62.900 euros, con ejercer de administradores de finca en el ámbito privado”, valorando que “es evidente que hay un serio conflicto de intereses”, ha recalcado.

Según ha indicado, el secretario general de Pleno ya se pronunció el pasado Pleno sobre la cuestión, al informar de que “ha de quedar justificado que ello no comprometa la imparcialidad, la objetividad y la independencia que ha de presidir el ejercicio del cargo público por parte de los concejales mencionados”.

Por su parte, la secretaria de Política municipal, Laura Moreno, Moreno ha recriminado a la alcaldesa, Ana Mata, “su actitud ante lo que parece ser otra cesión más ante las presiones internas del Gobierno tripartito y en pro de los intereses particulares”.

El equipo de Gobierno defiende la "compatibilidad"

Por su parte, la edil del equipo de Gobierno, Lourdes Burgos, ha explicado que “no hay una incompatibilidad de intereses”, ya que en las empresas sus concejales realizan una “actividad retribuida de manera residual”, al tiempo que ha asegurado que la propuesta aprobada en el Pleno “llevaba todos los informes legales, incluso el de Secretaría”.

Burgos ha detallado que tanto en el caso de Bravo como en el de Cuevas “cabe la compatibilidad”, por lo que ellos la han solicitado y el Pleno “se lo ha concedido con los informes municipales oportunos”.

“No hay una incompatibilidad de intereses en este caso, como hace referencia el PSOE, porque es una ley de ámbito estatal que permite la compatibilidad de actividades residuales con la política”, ha añadido la concejala, al tiempo que ha señalado que la regidora “no cede a ninguna presión porque quien ha aprobado esto es el Pleno con los informes favorables de la Secretaría municipal, con los informes legales, y con los votos a favor de los 13 miembros del equipo de Gobierno”.

Igualmente, el concejal de Vox, Francisco Jerez, ha resaltado que Cuevas solicitó “esta medida de compatibilidad en cumplimiento de la normativa y la legalidad vigente”, explicando que es “consejero delegado de una empresa que no tiene nada que ver con la función pública, que se dedica mayormente a los alquileres”. Así, esta compatibilidad, tal y como se detalla en el informe del secretario, se encuentra permitida”.

A ello ha añadido que “su empresa está completamente delegada y él no trabaja allí. Puntualmente, como hacen los consejeros delegados, toma decisiones, pero de sobra es conocido que mi compañero no está dedicando 8 horas al Ayuntamiento, está dedicando 14, 15 horas y las que sean necesarias”.