Mijas recepcionará 96 urbanizaciones para garantizar la "igualdad" de los vecinos

El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado este lunes de manera oficial la tramitación de una ordenanza para la recepción de las 96 urbanizaciones históricas del término municipal, una medida que garantizará la “igualdad” para todos los mijeños en cuanto a la prestación de servicios, según ha anunciado la alcaldesa, Ana Mata.

Así lo ha dado a conocer la regidora acompañada por el concejal de Urbanizaciones, Juan Carlos Cuevas, y el de Economía y Hacienda, Mario Bravo, destacando que la decisión viene a solucionar una “demanda” ciudadana desde hace décadas, ya que estas 96 urbanizaciones nunca han sido recepcionadas por el Consistorio, pese a estar clasificadas como “suelo urbano consolidado”.

La futura Ordenanza municipal reguladora de la recepción de urbanizaciones históricas se regirá por los mecanismos previstos en la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) y viene a paliar un “perjuicio” que sufren estas zonas residenciales, derivado de la “falta de claridad sobre quién debe conservar y mantener viales, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado o zonas verdes”, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta situación ha creado históricamente “desigualdad tributaria y de prestación de servicios dilatada en el tiempo”, ya que los vecinos de estas urbanizaciones tributan por los mismos conceptos que los de los núcleos urbanos, ha abundado respecto al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Según ha apuntado el Ayuntamiento, las comunidades de propietarios en muchos casos “no han podido asumir las cargas derivadas de los citados trabajos, y se han dado situaciones desfavorables en los campos sanitario, ambiental y de seguridad vial”. Ello ha originado una “carencia progresiva de dotación de servicios urbanísticos básicos y una merma en la calidad de su prestación”, además de impedir “acceder a subvenciones y ayudas para mejorar los servicios y las infraestructuras”.

Mata ha explicado que este escenario puede provocar “situaciones de riesgo ambiental y de seguridad vial”, así como “una carencia progresiva de dotación de servicios urbanísticos básicos y una merma en calidad de su prestación”. Así, ha subrayado que esta “decisión histórica” acabará con la “inseguridad jurídica, administrativa y económica”.

Asimismo, ha indicado que la igualdad de servicios “es un derecho de los ciudadanos, y por tanto, es una obligación para este equipo de gobierno municipal”, incidiendo en que esta problemática no se ha abordado en medio siglo.

Tramitación de la ordenanza

En concreto, la tramitación de la ordenanza arranca con la preceptiva consulta pública, publicada este lunes en la página web del Ayuntamiento y que estará vigente 15 días hábiles hasta el 16 de febrero, dando con ella cumplimiento al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Consistorio ha señalado que esta ordenanza servirá para identificar los problemas que se van a solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La nueva normativa tiene por objeto, además, conocer la opinión de los ciudadanos y organizaciones potencialmente concernidas por la futura ordenanza, mejorando así la participación ciudadana.

El responsable de Economía y Hacienda, Mario Bravo, ha aclarado por su parte que la consulta que comienza hoy es independiente del trámite de audiencia e información pública que se abrirá más adelante, como marca la ley, en la tramitación de la ordenanza.

En este sentido, ha añadido que el equipo de gobierno de Mijas hace suyo el criterio igualdad de derechos ante igualdad de obligaciones: “Creemos que una calle abierta al público tiene que mantenerse con dinero público, tanto la limpieza como la iluminación y el asfaltado. No podemos hacer diferencias entre ciudadanos que no son diferentes”.

Seguridad jurídica

Por su parte, el concejal de urbanizaciones ha defendido que la futura norma aportará "seguridad jurídica” a los vecinos y al propio Ayuntamiento y “establecerá un procedimiento claro y participativo para garantizar derechos de los residentes y el cumplimiento de las obligaciones públicas en materia de servicios esenciales”.

Cuevas ha destacado que “con esta ordenanza queremos pasar de los parches a una solución ordenada y definitiva”, y ha subrayado que “el Ayuntamiento va a poner el marco y va a acompañar a las urbanizaciones en todo el proceso, porque esto sólo se puede resolver trabajando juntos y escuchando a quienes viven allí”.